La cifra de que el 98 por ciento de los feminicidios continúe impune en América Latina habla muy mal del sistema de justicia en el continente, especialmente de su ineficacia y hasta de su dejadez o inacción para enfrentar este flagelo.
Este es un dato escalofriante y el mismo carácter tiene el hecho de que en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual.
Pero estas y otras informaciones sobre la incidencia de los feminicidios, maltratos y abusos de todo tipo a las mujeres deben repercutir más allá de la publicación en medios informativos y la gran pregunta es, ¿qué haremos como sociedad para superar este grave mal?
Otro punto inexplicable que a todos debería ponerlos a reflexionar sobre la debilidad de las instituciones judiciales es cómo el atropello a la mujer aumenta, a pesar de que dos terceras partes de los países han adoptado legislaciones en contra de violencia doméstica.
Debería ser visto como una afrenta a la dignidad humana y ponernos a todos en una reacción unánime de condena, el señalamiento de que 2,600 millones de mujeres viven en países donde la violencia no está penalizada.
La magnitud de este drama que afecta cada vez más la dignidad de miles de mujeres, se evidencia dramáticamente en el hecho de que 14 de los 25 países con mayor tasa de feminicidios se encuentran en América Latina.
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo ni aislado de la República Dominicana, y no podemos sentarnos de brazos cruzados solo observando estadísticas. Al contrario, debemos unificar acciones y valorar, con enfoque proactivo, el diagnóstico de que es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de cada cuatro mujeres sufrió alguna experiencia violenta a manos de su pareja en Latinoamérica y el Caribe.
La República Dominicana es uno de los países de la región que presenta las tasas más altas de feminicidios, por lo que se requiere un esfuerzo concertado para fortalecer políticas públicas y programas con la sociedad civil, a fin de lograr la igualdad y equidad de género.