Por Julio Martínez Pozo
Una comisión de la Cámara de Diputados integrada con el mandato de auscultar las diferencias surgidas a lo interno de la Junta Central Electoral y de establecer si se le ha mentido o no al país con el tema del supuesto genocidio civil que afecta a 22 mil 673 ciudadanos de orígenes extranjeros, fundamentalmente haitianos, ha interrogado a los cinco miembros titulares del pleno, lo propio hará con otros funcionarios de las oficialías civiles y con el director de Migración, para concluir con un informe que debería ser clave para extirpar el tumor antes de que haga metástasis.
Sería una sorpresa que la clase política dominicana, se ocupara alguna vez de buscarle solución a un problema antes de que provocara crisis institucional, por lo que no hay que aguardar un desenlace a la altura del desafío planteado, él ánimo de los comisionados es el del paño con pasta que ha caracterizado al liderazgo nacional desde los albores de la República.
Es que nunca nos ha bastado con que exista un problema lo suficientemente grave para ameritar de soluciones responsables, es necesarios que otras agendas no interfieran con la que debe ser la fundamental: el desarrollo institucional y la defensa los intereses patrios, y lamentablemente la coyuntura ocupa a los llamados a poner fin al conflicto de la JCE en otras prioridades.
Alguien, sin embargo, debe advertir que transitar hacia las complejas elecciones del 2016 con un arbitraje electoral en esas condiciones, es acunar una crisis cuya responsabilidad recaerá en los que tuvieron el deber de corregirla, y no lo hicieron.
Aunque se les procuren disfraces lo que ha tomado cuerpo en la Junta Central Electoral es una conspiración que tiene por objeto repetir la historia de lo ocurrido en la Cámara de Cuentas: concluir con la remoción total de todos sus miembros y provocar la elección de una nueva, más propensa a los despropósitos de quienes ante resultados adversos han optado por propiciar el caos, que no han logrado precisamente, por la responsabilidad y gallardía con la que esa institución, encabezada por su presidente, el doctor Roberto Rosario Márquez, ha desempeñado su rol.
Algunos olvidan que la noche del 20 de mayo, cuando ya su propio centro de cómputos les había informado de la derrota electoral, dirigentes de la formación que había perdido los comicios intentaron detener el cómputo y en connivencia con medios alarmistas y buscadores de audiencia a cualquier precio, se intentó imponer el desorden y que hubo una JCE que frenó todos los despropósitos.
Hay que saldar cuentas contra esa firmeza y los instrumentos de la conspiración han sido dos integrantes del pleno de esa entidad que por razones distintas se han aunado en el objetivo de desacreditar la institución y a su presidente, cosa que hacen a diario en un periplo mediático que no lo ejercen ni siquiera candidatos presidenciales en campaña electoral.
Y no es solo que atacan decisiones que deberían respetar como parte de un organismo colegiado, sino que a falta de verdades no tienen inconvenientes para fabricar mentiras, porque saben que la mayoría de quienes las escuchan no están en condiciones de discernir entre lo que puede ser cierto o no, y en una de esas surge el invento que ha terminado con consecuencias funestas no para la JCE sino para el país: la infamia que nos ha sentado en el banquillo en la Corte Interamericana, que debería generar consecuencias.