SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pocos días de finalizar el 2017, el balance en cuanto al fortalecimiento institucional del país es frustratorio con dudas y cuestionamientos.
La clase política en general y particularmente el Partido de la Liberación Dominicana, han defraudado las expectativas de la sociedad en cuanto a la necesidad de contar con una ley de partidos y una nueva legislación electoral.
A ambas leyes se les ha dado largas en el Congreso y el proceso no ha pasado hasta ahora de disquisiciones discordantes, poniendo en evidencia la falta de voluntad para ordenar la actividad política en el país.
Las organizaciones políticas no pueden continuar como agentes de intereses particulares que no rinden cuentas de los recursos que reciben del Estado.
En ese aspecto es que precisamente está el mayor escollo para aprobar una ley de partidos, pues la dirigencia política no parece decidida a que le apliquen restricciones al financiamiento de las campañas electorales.
Este tipo de inyección económica extrapartidaria distorsiona la equidad en las campañas y se presta para influencias perversas, ya que se ha demostrado la influencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Para colmo de males y en un marcado desprecio por la institucionalidad democrática, llegamos al fin de este año inmersos en un debate sobre primarias cerradas o abiertas que poco aporta en cuanto a principios y el fortalecimiento de la actividad política.