Mientras existan jueces venales, que se presten a emitir sentencias a favor de reconocidos delincuentes, incluso vinculados a crímenes de lesa humanidad como el narcotráfico, la recuperación de la imagen de la justicia se presenta como una tarea sumamente complicada.
Debido a esto, la justicia dominicana está en un momento particularmente crucial para definir o replantear su futuro institucional, un paso indispensable para el rescate de su credibilidad frente a la opinión pública y el país en su conjunto.
Los magistrados que han incurrido en esa grave falta ética, ignorando su obligación de hacer una sana y eficiente administración de justicia, en ocasiones sobredimensionan fallas en los expedientes y se apoyan en tecnicismos legales para emitir sentencias benignas y permisivas.
Todavía la opinión pública no se recupera de la perplejidad provocada por los permisos que una jueza autorizó a un grupo de internos, entre ellos vinculados a casos de sicariato y narcotráfico para que pasaran cómodamente las navidades en sus casas.
Este caso se tornó aún más inexplicable e irritante cuando, ante los cuestionamientos en los medios, la magistrada tuvo el tupé de justificar su decisión, recibiendo el respaldo de sus colegas en lo que constituye una solidaridad mal entendida porque en su sano juicio nadie puede ni debe apoyar las actuaciones incorrectas.
El Consejo del Poder Judicial ha acentuado crucial labor de vigilancia sobre la actuación de los magistrados en diferentes instancias y son apreciables los casos de destituciones y suspensiones a jueces seriamente cuestionados, incluso por no poder sustentar, de forma clara y legítima, sorprendentes incrementos registrados en sus bienes patrimoniales.
Aun en medio de este panorama, que pone en juego la respetabilidad de los encargados de impartir justicia, también es indispensable observar como meta trascendente, que los jueces puedan hacer su trabajo con total integridad e independencia, pero siempre ajustados a la ley y a los debidos procesos.
Para ello, la Justicia debe contar con una incuestionable libertad de acción, exenta de presiones y suspicacias. Empero, sus magistrados deben estar conscientes de su obligación de actuar con rectitud porque sus actos son objeto del escrutinio público y no solo del superior estamento judicial al que deben rendir cuentas.
En consecuencia, los reclamos de justicia en cualquier caso en que se haya cometido un crimen o cualquier acción delictiva deben ser escuchados y atendidos, sin que esto afecte necesariamente la discrecionalidad judicial en la atención y tratamiento de los procesos.
Como si no fuera suficiente con el descrédito en la Justicia, también tenemos grandes debilidades en las áreas de autoridades que están llamadas a garantizar orden, seguridad y respeto a la ley en este país.
En ese contexto nadie se explica cómo un personero que estuvo estrechamente ligado a un sonado caso de narcotráfico haya vuelto a las andadas y ahora con un alijo mucho mayor. ¿Acaso los estamentos policiales, de seguridad y de la DNCD desconocían que estaba de nuevo en acción? ¿Se puede operar libremente en esas operaciones criminales y de lesa humanidad durante un tiempo considerable sin que medie protección y complicidades?
Son muchas las preguntas que la gente se hace en este campo y grandes los temores y la impotencia cuando no se reciben respuestas tranquilizadoras, y sí hechos inquietantes que no auguran nada bueno, poniendo al descubierto un estado de dejadez y de desprotección generalizada.