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Papa da un paso decisivo para la transparencia financiera del Vaticano

Papa

Ciudad del Vaticano.- El papa Benedicto XVI promulgó este jueves un documento para luchar contra el blanqueo de dinero en la instituciones financieras del Vaticano, tres meses después de que el Banco Vaticano fuera investigado.

Benedicto XVI subraya, a través de una carta apostólica, su compromiso en la adopción de los principios y los instrumentos jurídicos promovidos por la comunidad internacional para luchar contra el fenómeno de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo e indica que para ello aprueba una norma para este fin, que ha sido promulgada hoy.

Establece que dicha “Ley para la prevención y lucha del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo” sea aplicada a los Dicasterios de la Curia romana y a todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede, al tiempo que constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF) a la que dota de competencias en esas materias y aprueba su estatuto.

El decreto es la aplicación de la norma establecida en la Convención monetaria firmada el 17 de diciembre del año pasado en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Ciudad del Vaticano, para combatir las actividades ilegales en campo financiero y monetario.

En caso de que existan hipótesis de delito establecidas en la ley aprobada, el Papa delega a los órganos judiciarios del Estado de la Ciudad del Vaticano a ejercitar la jurisdicción penal ante los Dicasterios de la Curia Romana y de todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede, explica el documento facilitado por el Vaticano.

Con estas medidas el Vaticano pretende entrar en la llamada “lista blanca” o la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El portavoz vaticano, Federico Lombardi dijo que “la nueva normativa obedece a la exigencia de conservar el eficaz funcionamiento de los organismos que operan en el marco económico y financiero para el servicio de la Iglesia Católica en el mundo, y aún más, a la necesidad moral de la transparencia, honestidad y responsabilidad que hay que observar siempre en el ámbito social y económico”.

“Se evitarán en el futuro -dijo- aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros”.

“El Papa ha firmado un documento inusual para él pero de gran valor y gran significado moral y espiritual. Es una buena forma de acabar este año, con un paso concreto en la dirección de la transparencia y la credibilidad”, concluyó.

Lombardi hacía referencia a años de graves acusaciones contra el Vaticano por supuestas operaciones o transacciones ilegales, que han hecho planear la sospecha sobre la Santa Sede.

La quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano, cuyo principal accionista era el Vaticano fue uno de los escándalos modernos más sonados.

Su presidente, Roberto Calvi, que apareció muerto en Londres, expuso al banco en 14,000 millones de dólares, en operaciones exteriores de alto riesgo, que contaban con la garantía de cartas firmadas por el cardenal Paul Marcinkus y Luis Mennini, los dos máximos responsables de la Instituto para las Obras de la Religión (IOR), la banca vaticana.

La bancarrota originó la quiebra de una treintena de empresas y aunque el Vaticano siempre rechazó cualquier responsabilidad sí admitió su “implicación moral” y decidió pagar 241 millones de dólares de la época a los acreedores de la entidad.

El pasado mes de septiembre la Fiscalía de Roma abrió una investigación sobre el Banco Vaticano (IOR), en la que la jueza María Teresa Covatta dispuso la confiscación preventiva de 23 millones de euros de una cuenta corriente del banco Credito Artigiano a nombre del Banco Vaticano.

La Fiscalía indaga, en concreto, dos operaciones bancarias que preveían la transferencia de 20 millones de euros al banco de negocios JP Morgan, en Fráncfort (Alemania), y de otras tres entidades a la Banca del Fucino, por las que, según los investigadores, no se facilitó la información necesaria impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales.

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