Maestros y profesores, tanto a nivel de escuelas públicas como de universidades, tienen como cualquier gremio o asociación profesional, legítimo derecho a la búsqueda de reivindicaciones para sus miembros, pero en esa meta no deben recurrir a paros que afectan la docencia porque se trata de un bien común que hay que preservar y garantizar por encima de intereses grupales.
Como ha ocurrido cada vez que las paralizaciones afectan por ejemplo al transporte público de pasajeros, que a los usuarios les resulta obviamente odiosas porque son los perjudicados directos, estos paros docentes en reclamo de un aumento salarial no pueden ser vistos con buenos ojos por los estudiantes ni por sus familiares.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que tanta experiencia ha acumulado a lo largo de décadas de lucha magisterial, parece que no acaba de aprender la lección de que una jornada reivindicativa, por más justa y pertinente que sea, puede perder apoyo cívico y en la opinión pública si afecta el interés general del estudiantado.
En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los buenos estudiantes, los que acuden a esa academia para labrarse un futuro y no para protagonizar desórdenes como hacen los “encapuchados”, han dado un ejemplo de que quieren docencia y la han exigido acudiendo a las aulas aun ante la suspensión docente de profesores que sólo acuden para firmar en el libro de asistencia para justificar que les paguen sin laborar.
El denominador común en ambas paralizaciones es el reclamo de mejoras salariales cuya justeza nadie puede discutir, dada la importancia de la importante de la labor docente y por igual, tanto en las escuelas públicas como en la UASD, no se vislumbra por ahora la posibilidad de que los educadores puedan lograr sus propósitos, ya que se carece de medios económicos y presupuestarios.
En el caso de los planteles públicos, la situación ha llegado a un punto delicado debido a que el ministro de Educación, Andrés Navarro, ha dicho que no cederá a lo que ha calificado de “chantaje” de los maestros que han recurrido a asambleas y paros como un medio de presión para lograr que se produzcan los esperados aumentos de sueldo.
En la universidad estatal, el rector Iván Grullón ha sido reiterativo en que no se dispone de fondos para satisfacer los requerimientos de la asociación de profesores universitarios y la eventual posibilidad de poder acceder a tal pedido estaría supeditada a que el Gobierno aumente el presupuesto a la academia, un paso que no se vislumbra viable en el corto plazo, a pesar de la manifiesta disposición del Ejecutivo de cooperar en la mejora de la UASD a través de los contactos de una llamada “mesa de trabajo”.
El diálogo, que en una sociedad libre, democrática y participativa, debe ser la vía de convivencia civilizada y la herramienta a utilizar ante cualquier diferendo o conflicto, debe emplearse y todas las partes, sin excepción alguna, deberían estar guiadas por ese principio fundamental y practicarlo, sin renunciar a sus derechos y pensando siempre que el magisterio tiene que ser concebido y ejercido como un verdadero sacerdocio.
