LA HABANA.- El Parlamento de Cuba aprobó hoy por unanimidad un proyecto de Ley de las Aguas Terrestres, normativa que busca ordenar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos en la isla, que arrastra en los últimos dos años la peor sequía en un siglo.
La nueva legislación establece las medidas que se adoptarán para la protección del agua sobre la base de su planificación y preservación en armonía con el desarrollo económico y social sostenible y la preservación del medio ambiente, informaron medios oficiales.
Al presentar el proyecto legislativo ante la Asamblea Nacional, la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Inés María Chapman, explicó que para su elaboración se consideraron las directrices del Partido Comunista, así como la política nacional del Agua, aprobada por el Consejo de Ministros en 2012.
El trabajo autónomo y las formas de gestión privadas, así como el proceso inversionista que ejecuta el país en materia hidráulica, el perfeccionamiento de la legislación sobre inversión extranjera y la participación del capital foráneo también se tuvieron en cuenta en la nueva ley.
Asimismo, incluye conceptos como productividad, reutilización y reciclaje del agua, caudales ecológico y sanitario, empleo de tecnologías limpias y la entrega en arrendamiento o usufructo de infraestructuras del patrimonio hidráulico estatal.
Reconoce además el acceso al agua potable y el saneamiento como «derecho humano esencial», el hecho de que las aguas terrestres son de «dominio público» y enfatiza en la planificación nacional del uso del agua, con especial atención a organismos e instituciones que la emplean en la producción o los servicios.
Durante su intervención, la titular del INRH recalcó que las aguas terrestres son un recurso natural «renovable y limitado» y su relación con las lluvias que han disminuido y en la actualidad el 56 % del archipiélago se encuentra con sequía, sobre todo la región central del país.
Esa situación que en el último año se ha tornado muy severa ha registrado al cierre de junio pasado que los embalses cubanos estaban al 43 % de su capacidad, mientras que 296 fuentes de abasto sufrían afectaciones por la sequía.
En esta reunión plenaria del Parlamento, presidida por Raúl Castro, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Elba Rosa Pérez, presentó un informe sobre el proyecto «Tarea Vida», un plan estatal para contrarrestar los daños que pudieran ocasionar a Cuba las modificaciones del clima.
Detalló que ese programa incluye acciones para proteger zonas vulnerables, entre ellas, no permitir construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros y reducir las áreas de cultivo próximas a las costas o dañadas por la intrusión marina a los acuíferos subterráneos.
La ministra indicó que «Tarea Vida» propone acciones y proyectos para reducir la vulnerabilidad en 15 zonas «prioritarias», entre las que figuran la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, el balneario turístico Varadero, el litoral norte de La Habana y su bahía y el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque.