El Parque Nacional Jaragua no es un terreno disponible, es patrimonio natural de todos los dominicanos.

Pretender modificar sus límites para explotación turística, mediante una sentencia, vulnera la Constitución y las leyes que protegen nuestras áreas protegidas.

La defensa de Jaragua es la defensa del interés público, de la biodiversidad y del desarrollo sostenible.

La ley es clara: los parques nacionales se preservan, no se negocian.

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