El Parque Nacional Jaragua no es un terreno disponible, es patrimonio natural de todos los dominicanos.
Pretender modificar sus límites para explotación turística, mediante una sentencia, vulnera la Constitución y las leyes que protegen nuestras áreas protegidas.
La defensa de Jaragua es la defensa del interés público, de la biodiversidad y del desarrollo sostenible.
La ley es clara: los parques nacionales se preservan, no se negocian.
