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Participación Ciudadana afirma hubo un gasto irresponsable con fines electorales

Miembros del Consejo Nacional de PC

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) planteó este miércoles su postura sobre la propuesta de reforma tributaria propuesta por el gobierno. A través de un comunicado, la entidad de la sociedad civil dijo que ante el grave desequilibrio de las finanzas públicas reconoce que la población tendrá que incrementar su contribución, pero en dimensiones que no agraven la situación general de pobreza, desempleo y dificultades competitivas del aparato productivo.

También abogó porque esto se haga con previas e inequívocas garantías de que se pondrá límites a lo que calificó como el despilfarro y la malversación generalizada que han dejado el país en los últimos escalones en materia de corrupción y falta de transparencia en las evaluaciones del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros organismos internacionales.

A continuación el posicionamiento íntegro de PC:

Ante la propuesta tributaria del Gobierno 

Después de analizar la propuesta tributaria presentada por el Gobierno ante el Consejo Económico y Social (CES), Participación Ciudadana desea presentar su posición al respecto:

1.  Como integrantes del CES insistimos en que lo procedente es un pacto fiscal de largo alcance, como lo contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada a principio de año y reivindicada en el programa de gobierno y los planteamientos de campaña del presidente Danilo Medina. Nos complace que el gobierno aceptara los principios básicos para un Pacto Social que fueron  consensuados por los integrantes del CES, que proclaman la integralidad de la reforma para un desarrollo humano sostenible, que no dependa del endeudamiento y que estimule la productividad y la competitividad, la inversión y la exportación, partiendo del radical mejoramiento de la calidad del gasto, suprimiendo el dispendio, con plenitud de transparencia y sanción de la corrupción.

2. Damos crédito al gobierno por haber transparentado un déficit fiscal que ronda los 183 mil millones de pesos y que como reconociera el ministro de Economía “hace insostenibles las finanzas públicas”.  La causa principal del enorme déficit fue denunciada en cada uno de los seis informes de observación preelectoral  que Participación Ciudadana divulgó al país entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, y que puede resumirse en un gasto público desbordado e irresponsable, con fines puramente electorales, en clara violación a la Ley General de Presupuesto y a la Constitución de la República.

Se trata de una práctica a la que han recurrido los partidos gobernantes desde 1970 pero  desde el 2008 se inició una desbocada carrera de gasto que ha roto todos los parámetros de prudencia y sensatez, como si no hubiese límite alguno al uso del dinero público. No se puede resolver el problema sin sancionar a los que lo crearon, pues estaríamos validando que se repita en cada elección  pasándole posteriormente la cuenta a la ciudadanía a través de mayores cargas tributarias.

3. Ante el grave desequilibrio de las finanzas públicas reconocemos que la sociedad dominicana tendrá que incrementar su contribución, pero en dimensiones que no agraven la situación general de pobreza, desempleo y dificultades competitivas del aparato productivo y con previas e inequívocas garantías de que se pondrá límites al despilfarro y la malversación generalizada que han dejado el país en los últimos escalones en materia de corrupción y falta de transparencia en las evaluaciones del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros organismos internacionales.

4. Los análisis de la economía nacional muestran que seis reformas tributarias elevaron considerablemente los ingresos fiscales en la última década, pero que creció mucho más el despilfarro y la corrupción, la inversión de escasa rentabilidad, sin atender a prioridades y que el empleo y las pensiones incrementaron  la nómina pública en 70 por ciento en los últimos cinco años, provocando durante este período un déficit fiscal que sobrepasa los 350 mil millones de pesos, con un financiamiento que duplicó la deuda pública.

5.  Contrasta visiblemente que el gobierno haya sido tan minucioso en señalar las nuevas cargas tributarias que propone y tan parco en precisar los renglones que integrarán su promesa de reducir el gasto en 1.9 por ciento del producto bruto interno, desconociendo el clamor generalizado de que esta vez se ponga delante la reducción del dispendio y la corrupción, más aún cuando esta propuesta fue elaborada en medio de escándalos por niveles ofensivos de liquidaciones y pensiones en instituciones del Estado y precisamente en funcionarios del área económica. Hemos reconocido las medidas de austeridad dispuestas por decreto del presidente Danilo Medina, pero es evidente que las mismas deben ser profundizadas.

6.  Asumimos el proyecto gubernamental como una propuesta y entendemos que merece una respuesta firme de toda la sociedad y en especial de los representantes en el CES, que esta vez no deben permitir que los dividan los intereses sectoriales y el tráfico y la compra de conciencia que han caracterizado el accionar público durante años de pretendida concertación social, burlada una y otra vez como ocurrió con el cumplimiento de la Ley General de Educación que dispone el 4 por ciento del PIB para ese sector. Celebramos que la propuesta gubernamental contemple la reivindicación del compromiso por la educación.

7.  Por todo lo anteriormente expresado adelantamos que propondremos en el seno del CES que antes de discutir nuevos tributos el gobierno presente un plan detallado de reducción del gasto de manera que los altos estamentos del Estado carguen con una parte del costo del despilfarro, disponiendo por lo menos lo siguiente:

a)      El total esclarecimiento de las acciones que generaron el mayor déficit fiscal de la historia nacional y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar.

b)      Una reducción de altos cargos, administrativos, diplomáticos y consulares para retrotraer la nómina pública a los niveles de diciembre del 2010, antes que iniciara la última campaña electoral, así como la reducción salarial de los restantes.

c)      La supresión de una serie de organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Instituto de Estabilización de Precios, el Consejo Estatal del Azúcar, la Comisión Presidencial de Apoyo al Sector Salud, entre otras.

d)     La fusión de los organismos con duplicidad de funciones en los ámbitos de obras públicas, transporte, asistencia social y agropecuaria, comenzando por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en vez de supervisar compite con el Ministerio de Obras Públicas.

e)      La creación de un solo consejo de administración de las empresas estatales del sector energético, y la reducción de otros que son innecesarios, así como la reconversión en honoríficos de aquellos que sean indispensables.

f)       La revisión definitiva de contratos de adquisición de energía eléctrica y de compra de carburantes que implican pérdidas por miles de millones de pesos que agravan la situación del sector energético y encarecen el ineficiente servicio. Al mismo tiempo un compromiso de hacer pagar a los grandes expropiadores de energía.

g)      Supresión de los barrilitos y cofrecitos que se han atribuido los legisladores para el reparto clientelista, práctica de claro corte inconstitucional pues rompe la equidad electoral, además de que el asistencialismo social no figura entre sus atribuciones, lo que ahorraría cientos de millones de pesos anuales. También la supresión de la venta de exoneraciones de automóviles con lo que gran parte de los legisladores hacen negocios auspiciando la importación de vehículos de lujo.

h)      La reintroducción al Congreso del proyecto original de Ley de Regulación de los Salarios Públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública con amplias y extensas consultas, deformado por los legisladores, y que no haga excepción de ningún estamento estatal en sus alcances.

i)        La revisión de todas las pensiones desproporcionadas y privilegiadas otorgadas tanto por el Poder Ejecutivo como por estamentos del Estado, así como la devolución de las liquidaciones de funcionarios que continuaron en sus posiciones.

j)        Modificación de la ley electoral para reducir el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para que se otorgue tan sólo en los años de elecciones.

CONSEJO NACIONAL

10 de octubre de 2012

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