Participación Ciudadana pide al mandatario suspender inauguraciones durante periodo proselitista

Ante todo eso Participación Ciudadana propone al Gobierno suspender las inauguraciones hasta que el pase todo el proceso porque considera que tienen matices proselitistas.

Por: Julio Caraballo

Santo Domingo.- A poco más de dos semanas para las elecciones municipales, sigue la queja y la confusión sobre las inauguraciones del Gobierno en la campaña política.

Mientras el oficialismo dice que el presidente Luis Abinader no es candidato en esta etapa del proselitismo, los opositores entienden que la ley es clara y lo prohíbe.

Mientras la Junta Central Electoral que su pleno se reuniría para aclarar el tema, todavía no ha tomado una decisión y se desconoce si objetaron al titular Rafael Vallejo Santelises tras la recusación que le hizo el PLD.

“Entendemos que es lo correcto porque este magistrado hizo un pronunciamiento de algo que había sido solicitado sin todavía el pleno haberlo conocerlo y también contrario a la que establece el calendario de la propia Junta Central Electoral”, refirió Javier Ubiera, dirigente de Fuerza del Pueblo.

El Partido Revolucionario Moderno no entiende la impugnación de los opositores, porque el proceso que viene es municipal, no presidencial.

«Todavía esa veda de que él no pueda inaugurar porque la campaña del presidente empieza en marzo”, expresó Robert Arias, dirigente Partido Revolucionario Moderno.

Ante todo eso Participación Ciudadana propone al Gobierno suspender las inauguraciones hasta que el pase todo el proceso porque considera que tienen matices proselitistas.

La norma en su artículo 210 y párrafo 6 establece “Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías”.

La ley del régimen electoral 20 – 23 busca evitar que el Gobierno y los ayuntamientos se aproveche de las actividades oficiales.