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Participación resalta avances y debilidades de la Ley de Partidos

Participación resalta avances y debilidades de la Ley de Partidos
Participación resalta avances y debilidades de la Ley de Partidos

Santo Domingo.-  El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) se pronunció hoy sobre la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas, promulgada esta semana por el presidente Danilo Medina.

Mediante un documento enviado a la prensa, Participación Ciudadana, dio a conocer sus consideraciones sobre la nueva ley, explicando los puntos que considera positivos y los que “requieren mejoría” en la pieza legislativa que viene a regir a los partidos dominicanos.

A juicio del movimiento, lo más negativo de la pieza es “el párrafo III del artículo 45 que otorga el privilegio a los organismos cúpulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en la elección de sus candidatos”.

Critican que este punto va “en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna” y que deja un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.

Sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padrón interno o el de todos los ciudadanos, “es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos”.

En el documento PC ratifica el rechazo al “inequitativo sistema de distribución del financiamiento estatal a los partidos, ratificado en la ley, con una proporción de 80 por ciento para los que obtengan más del 5 por ciento de la votación, sin ninguna escala, lo que es una demostración del ventajismo de los partidos dominantes, en desmedro de la mínima equidad”.

El movimiento había abogado por una reducción por lo menos al 70-30 por ciento y escalamientos para que no haya tanta desproporción entre uno que obtenga 5 por ciento y el que logre 50 por ciento, o entre el de 4 y el 6 por ciento, recuerdan en la nota.

Sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padrón interno o el de todos los ciudadanos, para PC “es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos”.

“Mantenemos serias reservas sobre la carga que se impone a la JCE de organizar de forma simultánea hasta dos tipos de las elecciones primarias y procesar sus resultados en plazo de 5 días, dadas las experiencias de las dos semanas que ha tomado el escrutinio del voto preferencial individual para apenas 190 diputados en las elecciones congresuales y municipales desde el 2002, incluyendo las del 2016 cuando no se concluyó en cientos de colegios electorales”, dice PC.

Entre los avances positivos, PC resalta una “reducción del costo de las campañas por las candidaturas y un mayor control de las fuentes de financiamiento, lo que deberá –según ellos- traducirse en un acceso más equitativo de los sectores de menores recursos a los cargos electivos”.

Comentan que esto podría derivarse de la limitación a tres meses de las promociones de candidaturas, y su reclusión al ámbito interno de los partidos, en locales cerrados, sin propaganda en las vías públicas ni en la radio y la televisión.

Celebraron que se haya adoptado “la transparencia sistemáticamente demandada con la obligación de un registro de contribuyentes”, con nombres, apellidos, cédula de identidad y monto de los aportes, que deberá publicarse en las páginas electrónicas de los partidos y someterse al visado de la JCE, que tendrá a su cargo la creación de una Unidad de Control Financiero de los Partidos.

Resaltan además que la ley “obliga” a los partidos a “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Aunque no establece lo mismo para las candidaturas, resulta un avance que la proporción mínima por género se eleva del 33 al 40 por ciento de las mismas.

El movimiento dice que mantendrá la expectativa de que en el futuro próximo sea perfeccionada, en lo que sea posible por la reglamentación de la Junta Central Electoral (JCE) en consulta con el sistema partidista, y sobre todo que se le dé fiel cumplimiento y sea seguida en breve plazo por la adaptación de la Ley del Régimen Electoral.

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