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PC advierte crisis institucional provocará graves consecuencias a República Dominicana

PC advierte crisis institucional provocará graves consecuencias a República Dominicana
PC advierte crisis institucional provocará graves consecuencias a República Dominicana

Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de Participación Ciudadana (PC) denunció que la “aprobación” de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, como instituyen los artículos 102 y 112 de la Constitución de la República, constituye un atentado al orden constitucional y detona una crisis institucional de graves consecuencias.

Los miembros del Consejo señalaron que la decisión es más trascendente por cuanto sus autores han adelantado que harán lo mismo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que podría ser replicado cuando se proponga la Ley Orgánica del Referendo, y porque ocurre cuando funcionarios y legisladores mantienen una intensa promoción de la repostulación del presidente de la República.

Indican que es significativo que los legisladores oficialistas y el presidente Leonel Fernández, en la reunión del martes 29 de marzo en el Palacio Nacional, persistieran en ignorar las advertencias casi unánimes de los expertos constitucionalistas, ante el propio mandatario en un encuentro que auspició la noche del miércoles 23.

Al mismo también fueron invitados directores de los diarios cuyos editoriales han acompañado a los dirigentes de múltiples organizaciones empresariales y sociales que reclaman respeto al estado de derecho y a la institucionalidad democrática.

El Movimiento Cívico dijo que hasta líderes de partidos aliados al gobierno han coincidido en advertir las consecuencias de lo que se ha definido como un golpe de estado institucional.

A pesar de que este ha sido declarado como “el año de la transparencia y el fortalecimiento institucional” Participación Ciudadana ha venido advirtiendo un peligroso derrotero de interpretaciones acomodaticias de la Constitución y de relativización de normas jurídicas, que podrían tener como objetivo condicionar a la sociedad dominicana para otras más graves, como la referente a la prohibida reelección presidencial. Denunciado las siguientes:

1.- La aprobación de la ley sobre los diputados nacionales, burlando el inciso 2 del artículo 81 de la Constitución que los instituyó para garantizar la representación de los partidos minoritarios, de tal forma que los cinco fueron a manos de los dos mayoritarios.

2.- La designación de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) en violación a la séptima disposición transitoria de la carta magna, según la cual “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”. Esa precipitación sin antes aprobar las nuevas leyes orgánicas del Tribunal Superior Electoral y de la JCE (“los nuevos órganos”) ha dejado la nación sin la instancia de arbitraje y contención que ahora estaría precisando el principal partido de oposición.

3.- Al advertirse que el inciso 10 del artículo 63 de la Constitución otorgó rango constitucional a la ley que dispone una inversión en educación de por lo menos el 4 por ciento del producto bruto, al aprobar el presupuesto del 2011, la “solución” fue suspender por este año la vigencia de la ley 66-97.

4.- Cuando en la Asamblea General de Municipios de enero pasado no se pudo imponer la candidatura a secretario general que proponía el gobierno, y aunque la mayoría promovía otro candidato, la “solución salomónica” fue prorrogar por un año a un secretario interino, ignorando su ley orgánica que establece la elección cada cuatro años.

5.- Los persistentes empeños de la mayoría oficialista en desconocer los alcances del artículo 277 de la Constitución que faculta al Tribunal Constitucional a conocer incluso los recursos de inconstitucionalidad derivados de decisiones del Poder Judicial, así como para ignorar el límite de edad de los 75 años que impone a los jueces el artículo 187 de la carta magna.

En Participación Ciudadana nos negamos a creer que el presidente Leonel Fernández vaya a acoger el clamor que le pide su repostulación para las elecciones presidenciales del 2012, consciente como el que más de las implicaciones y riesgos que tal paso conllevaría para él mismo, para su partido y la sociedad dominicana.

Señalan que en vista de que altos funcionarios del gobierno y legisladores, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, se han empeñado en recaudar más de 2 millones de firmas para reclamar una violación de la Constitución; que al efecto organizaron un acto masivo, gastando una considerable cantidad de dinero y con derroche de recursos públicos; y porque anuncian que inscribirán la precandidatura del mandatario; formulamos las siguientes advertencias:

a) El artículo 124 de la Constitución no deja espacio a las interpretaciones, como tampoco el pacto que firmó en mayo del 2009 con el ex candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado para viabilizar la aprobación de su proyecto de Constitución.

b) Es evidente que la sociedad rechaza una nueva reforma de la Constitución para posibilitar el continuismo, como lo han manifestado una impresionante proporción de sus líderes sociales, empresariales y religiosos.

c) En la actual coyuntura los promotores de la reelección no cuentan ni remotamente con los dos tercios de votos de quienes constituirían una hipotética asamblea revisora, por lo que para lograr ese objetivo tendría que apelar a métodos de compra de conciencia, clientelismo e imposiciones del poder.

d) Que contrario a lo que algunos pretenden, la aprobación de la repostulación del presidente Fernández mediante referendo, no se sobrepondría a la Constitución, por lo que de todas formas habría que agotar el recurso de modificación de la misma.

Por todo lo anterior sostuvo que una repostulación del presidente de la nación desataría una crisis institucional que afectaría no sólo la democracia, sino también la estabilidad económico-social y política de la República, y, en consecuencia esperan que la ponderación del doctor Leonel Fernández Reyna lo lleve a desechar ese traumático camino.

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