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Pekín anuncia pena de muerte contra las infracciones de seguridad alimentaria

Pekín anuncia pena de muerte contra las infracciones de seguridad alimentaria
Pekín anuncia pena de muerte contra las infracciones de seguridad alimentaria

Comida china

Pekín.- Los responsables de intoxicaciones intencionadas podrán enfrentarse hasta a la pena de muerte en China, después de que la justicia local endureciera los castigos como medida disuasoria contra un delito creciente, lo que ha sido criticado tanto por la OMS como por grupos de derechos humanos.

Escándalos recientes como la leche adulterada con melanina para aumentar sus proteínas, carne de cerdo con nitrito para preservar su color, fresas perfumadas con químicos o pollos alimentados con pinturas y plásticos para incrementar su peso han vuelto a disparar la alarma entre los desprotegidos consumidores chinos.

En el caso de la melanina, seis bebés murieron en 2008 y otros 300.000 padecen diversas enfermedades renales, mientras que un jarabe adulterado con líquido de frenos y exportado a Panamá mató en 2007 a 142 personas.

Las medidas aplicadas tras estos escándalos por Pekín para recuperar la credibilidad de los productos “made in China” sólo ha beneficiado al sector de la exportación, mientras que el mercado doméstico sigue desprotegido ante la codicia de los productores.

Para muestra, el caso desvelado este mes en el este de China, donde varías sandías “explotaron” después de que los agricultores añadieran calcio y forchlorfenuron para acelerar su crecimiento.

Por este motivo, el Tribunal Popular Supremo (TPS) de China anunció un endurecimiento de las penas que aplican, incluyendo la pena capital, “para aquellos hallados culpables de violaciones de seguridad alimentaria que resulten en muertes humanas”.

En el comunicado del TPS, publicado el sábado, la corte suprema recomienda también “el mayor de los castigos” para infractores recurrentes, delitos de producción y venta de productos falsificados o de muy mala calidad o infracciones de derechos intelectuales.

El doctor Peter K. Ben Embarek, responsable técnico de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Pekín, manifestó hoy a Efe que la medida, aunque severa, es un síntoma del esfuerzo que las autoridades están haciendo por frenar las intoxicaciones intencionadas.

“Es un castigo muy severo”, señaló Ben Embarek, quien añadió que “por sí mismo, no va a resolver todo el problema”.

El funcionario manifestó que la medida está destinada a desalentar las violaciones intencionadas en el sector doméstico, y agregó que las exportaciones son más seguras que hace diez años.

“El sistema de producción alimentaria chino tiene hoy credibilidad, porque eso es lo que sus socios han estado pidiendo. No digo que el sistema sea perfecto, pero ahora hay que intentar que se aplique a la producción doméstica”, dijo Ben Embarek.

El experto de la ONU discrepa, no obstante, de las críticas que han lanzado contra el anuncio de pena de muerte de grupos de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), que aseguran que el problema de la seguridad alimentaria está relacionado con la censura.

“Es una aproximación punitiva inapropiada para un problema que está arraigado en el estrangulamiento que el Gobierno chino ejerce sobre la libertad de prensa y de expresión”, manifestó a Efe Phelim Kine, investigador para Asia de HRW.

Como ejemplos, Kine menciona la ocultación de la epidemia de neumonía atípica (SRAG) en 2003, del vertido de benceno en el río Sonhua en 2005, o de la leche adulterada con melanina en 2008.

En lugar de castigar a los máximos responsables del encubrimiento, como el Departamento de Propaganda (censura) del Partido Comunista, el gobierno se ha dedicado a censurar o culpar a quienes denunciaban estas intoxicaciones, señala Kine, como demuestra el castigo por su activismo contra Zhao Lianhai, uno de los padres de bebés afectados por la intoxicación con melanina.

Por estos motivos y por la falta de transparencia del sistema judicial chino, HRW teme que medida se aplique de forma injusta.

Según datos oficiales chinos, en 2010 los tribunales chinos condenaron a 162 personas en conexión con la producción y venta de alimentos tóxicos o por debajo de los estándares nacionales, y en la actualidad están investigando a 57 funcionarios públicos por supuesta implicación en adulteraciones.

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