SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para entender el porqué de esta decisión de extinguir la acción penal en el caso de Bahía de las Águilas, un golpe bajo e inaudito al interés general del país, hay que remontarse al 14 de febrero de este año.
En esa fecha, el Gobierno anunció un plan de desarrollo para la región Suroeste, revelando un acuerdo con los que mantenían una litis a los terrenos ubicados en esa zona. El acuerdo consistía en reconocer que las personas con títulos de propiedad, muchos adquiridos de forma irregular, se les pagarían el 45 por ciento del valor de los terrenos. El Estado se quedaría con el 55 por ciento restante.
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De inmediato se produjo un grito al cielo colectivo. El Gobierno se vio forzado a implementar una ofensiva mediática, pero ciudadanos, ambientalistas y organizaciones y movimientos sociales objetaban la decisión del Poder Ejecutivo. Hasta los obispos llamaron a defender el Patrimonio Nacional.
Se le puso la piña agria al Presidente Medina, quien llamó a consultas y luego se vio forzado a echar atrás el proyecto, hasta que los tribunales fallaran en torno a los terrenos en litis. Es que hasta la Justicia llegó el caso, ordenando que se continuara con el proceso en contra del ex director del IAD y otros, acusados de traspasar a particulares, de forma ilegal, miles de terrenos del Estado.
Y ahora, la justicia falla, extinguiendo la acción penal en un caso que a todas luces presenta irregularidades que no se pueden obviar porque el proceso lleve 13 años en la justicia. Decisiones como estas son las que nos hacen a diario cuestionar nuestro sistema judicial, las que nos siembran la duda de si realmente hemos avanzado institucionalmente.
El tema de Bahía de las Águilas logró unir a la población en torno a un tema medioambiental, al igual que los de Loma Miranda y la Barrick. ¿Me pregunto para qué? Para todo terminar con borrón y cuenta nueva. Con sentencias insólitas y deplorables como ésta será difícil confiar en nuestra justicia1.