Que los partidos persistan en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas sobre los fondos que reciben del Estado, al punto que la Junta Central Electoral haya que tenido que insistir sobre el tema, muestra un penoso panorama sobre la imagen y respetabilidad de las organizaciones políticas.
Además de incumplir con disposiciones a que están obligados en virtud de la ley, con esta grave falta los partidos y sus dirigentes irrespetan no sólo a la Junta sino a los contribuyentes, que con los impuestos que pagan son los que nutren los recursos entregados a la clase política.
El Gobierno ya entregó 1,610 millones a la Junta para que ésta a su vez lo distribuya a los partidos, de acuerdo a las asignaciones que le corresponden sobre el porcentaje obtenido en las últimas elecciones, pero el desembolso está supeditado a que justifiquen contablemente como han utilizado los recursos hasta ahora recibidos.
¿Si no tienen nada que ocultar, si han utilizado esos fondos de forma correcta y escrupulosa, como algunos alegan, por qué entonces resistirse a una disposición que no es optativa sino obligatoria?
Tan importante como eso, si de verdad contáramos con partidos auténticamente democráticos que practicaran la transparencia con hechos y no con palabras huecas, ¿habría necesidad de invocar una ley? ¿No deberían ellos mismos ser los primeros en honrar ese compromiso por respeto propio y a los ciudadanos en general, si es que no ven a éstos como simples instrumentos manipulables para alcanzar el poder y luego irrespetarlos olímpicamente?
Además, en última instancia es una barbaridad que esta millonaria suma astronómica tenga que utilizarse para la banalidad de mítines y caravanas, cuando muy bien podría ser usada para reforzar los programas de salud y el mejoramiento de servicios públicos básicos.
La Junta debe mantenerse firme en su exigencia, ya que rendir cuentas no es favor de los partidos, sino una obligación cuyo incumplimiento es inadmisible desde cualquier ángulo que se le enfoque.
De ninguna manera debe ceder a eventuales previsiones para que deje de lado su exigencia sobre el argumento, manido y recurrente, de que se podría poner en peligro la campaña y con ello las elecciones y el electorado debería cerrar filas con la Junta y apoyarla para poner fin a esta burla incalificable.