La columna de Miguel Guerrero
La decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional de archivar “definitivamente” el expediente por lavado contra el expresidente Leonel Fernández, es el golpe más grande que se le haya propinado en este país a la independencia de la justicia y a la añeja aspiración nacional de ver crecer las bases de un adecentamiento de la vida pública, desde la caída de la tiranía de Trujillo, de cuya muerte se cumplen esta semana 52 años.
Y es, desde la lastimosa sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso del contrato de préstamo por 130 millones de dólares con la Sunland, el más asombroso y vergonzoso acto de consagración de la impunidad en una tierra que ya se le conoce, para deshonra nacional, como un verdadero y excepcional paraíso de corrupción.
El texto con la que la Fiscalía hizo pública su decisión es vergonzoso. Lo que le deja dicho al país es que las “donaciones” y otras prebendas a los presidentes y funcionarios públicos en ejercicio, no constituyen delito alguno porque no están tipificados en la legislación dominicana.
Y llama un acto de “cobardía”, un juicio de valor inexplicable, a una iniciativa que por el contrario constituye un soberbio ejemplo de desafío a un poder que controla todos los órganos del Estado, en provecho de un proyecto político personal. A partir de este momento los funcionarios podrán aceptar sin consecuencias cuanto se les ofrezca.
La Fiscal ha incurrido así en un acto de traición al deber que asumió al aceptar el cargo, porque ni siquiera se molestó en investigar los documentos presentados como pruebas, señalándolas en cambio como un delito, una violación al secreto bancario.
Ante tal tragedia, el derrumbe de todo vestigio de independencia judicial que esto significa, sólo queda aceptar la realidad de que es poco ya lo que se puede esperar y, sobre todo, pedir: ¡Perdónala, Señor, porque no sabe lo que hizo!