La ciudadanía y los sectores productivos viven en este país bajo el permanente acoso de entidades públicas, que en vez de preocuparse por prestar con eficiencia los servicios que están obligadas a proveer, parecería que sólo les interesa encontrar mayores fuentes de ingresos para alimentar sus supernumerarias nóminas de empleados e irritantes privilegios de sus funcionarios.
En medio de una situación económica difícil a nivel internacional, nuestras autoridades no han realizado el recorte necesario en los gastos públicos; pero peor aún han permitido que cada entidad pública individualmente realice su reforma tributaria particular, decidiendo el aumento discrecional e injustificado de tasas por servicios públicos prestados.
Los ayuntamientos del país que tienen un pobre historial de servicios para sus municipalidades, se han convertido en oficinas colocadoras de empleos para el partido que los controla, empleos estos que además de ser improductivos drenan aproximadamente el 80% de sus respectivos presupuestos. Así nunca serás suficientes los ingresos.
Lejos de ocuparse los síndicos y regidores en reestructurar sus deficientes estructuras y rendir cada vez un mejor servicio; al parecer su única preocupación es encontrar mayores fuentes de ingresos acosando a los sectores productivos y munícipes con arbitrios y tasas fuera de la ley.
Como para que pasara desapercibido en medio de las celebraciones de la Navidad, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (DN) decidió el pasado 23 de diciembre un arbitrio por uso y mantenimiento de predios en el mismo del dos por mil del valor de la propiedad, incluyendo el terreno; el cual a todas luces es ilegal, puesto que colide con un impuesto nacional como es el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria o el Impuesto a los Activos.
De igual forma aumentando abusiva e injustificadamente en más de un 200% los arbitrios, tasas y servicios en relación con permisos de uso de suelo, demoliciones, verjas, construcciones, rampas, etc. hasta el extremo de crear un nuevo impuesto sobre impacto al espacio abierto.
Estos ilegales arbitrios que afectarían a todos los propietarios del DN, no sólo deben ser dejados sin efecto por violentar la Constitución y las leyes; sino que deben provocar que los ciudadanos exijan una mayor legalidad, racionalidad, eficiencia y transparencia en la gestión de los ayuntamientos.
Por acciones como estas vivimos en uno de los países más caros de la región, porque estamos plagados de duplicidades de organismos y cargas; porque tenemos caciques en cada entidad pública que sólo se preocupan de administrar un botín para su beneficio sin pensar en el país y porque la violación a la Constitución y las leyes, la falta de transparencia y la corrupción siguen repitiéndose impunemente.
Acosar y exprimir a los ciudadanos mientras se maneja con total irresponsabilidad los fondos públicos, no sólo es ilegítimo y abusivo, sino torpe, porque tarde o temprano provocaría la pérdida de la preciada gobernabilidad.