Santo Domingo.- Pese a la aprobación de la Ley 1-21 en 2021, que prohibió el matrimonio infantil en República Dominicana, las uniones tempranas relaciones informales o formales con personas menores de 18 años siguen siendo un desafío crítico, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR-2024), revelados a finales de marzo por la Oficinal Nacional de Estadística.
El informe revela que el 29.1% de las mujeres de 18 años y más se unieron o casaron antes de cumplir la mayoría de edad, frente a solo el 7.1% de los hombres, evidenciando una brecha de género alarmante.
Cifras que preocupan: Mujeres, las más afectadas
El estudio detalla que el 6% de las mujeres de 15 años y más se unieron antes de los 15 años, en contraste con el 0.8% de los hombres.
En el grupo de 20 a 24 años, el 24.9% de las mujeres ya estaban en una unión antes de los 18 años, mientras que en los hombres esta cifra es del 4.2%.
“Estas uniones limitan el desarrollo educativo, aumentan los riesgos de salud y perpetúan ciclos de pobreza”, advierte el informe, vinculando el fenómeno a normas culturales y desigualdades socioeconómicas.
Edad promedio: Brecha urbano-rural
La edad promedio de la primera unión en mujeres es de 19.6 años a nivel nacional, pero desciende a 18.5 años en zonas rurales, frente a 19.8 años en áreas urbanas.
En hombres, la edad promedio es de 22.5 años, sin variaciones significativas por región. “La ruralidad agrava la vulnerabilidad de las adolescentes”, señala el documento, relacionando esta tendencia con menor acceso a educación y oportunidades laborales.
ODS 5.3.1: Lejos de la meta
República Dominicana está lejos de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3.1, que busca erradicar las uniones antes de los 18 años.
Aunque la Ley 1-21 eliminó excepciones legales que permitían el matrimonio infantil, las uniones informales —no reguladas por la ley— siguen siendo comunes.
“La falta de registros y la normalización cultural dificultan la intervención”, explica el informe.
Consecuencias: Educación truncada y riesgos de salud.
El 17.9% de las mujeres que abandonaron sus estudios lo hicieron por matrimonio o embarazo, frente al 1% de los hombres. Además, las adolescentes en uniones tempranas enfrentan mayores riesgos de violencia de género, embarazos no planificados y mortalidad materna. “Esto no es solo un problema de derechos, sino de salud pública”, destaca el texto.
El informe reconoce avances, como la creación de programas para prevenir embarazos adolescentes, pero critica la falta de mecanismos efectivos para identificar y proteger a menores en uniones informales.
También resalta la necesidad de campañas de sensibilización en comunidades rurales y la integración de enfoques de género en el sistema educativo.
Conclusiones clave:
Género y pobreza: Las mujeres pobres y rurales son las más afectadas.
Invisibilidad legal: Las uniones informales evaden la aplicación de la ley.
Educación como escudo: El 28.2% de los niños de 3 a 5 años no accede a educación inicial, un factor de riesgo futuro.
Llamado a la acción:
Expertos urgen a fortalecer la educación sexual integral, garantizar el acceso a anticonceptivos y promover modelos de masculinidad no violenta. “Sin un cambio cultural y políticas multisectoriales, las cifras no se reducirán”, concluye el informe.
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