SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En la lucha contra la corrupción en la administración pública no basta con denuncias o pronunciamientos si no son respaldados por acciones que tienen que conllevar sanciones ejemplarizadoras.
En el país, este debate ha devenido en una suerte de disquisición retórica sin medidas firmes y concretas, lo que provoca decepción y descrédito hacia el sistema de justicia.
Antes de que el ministerio público y los tribunales actuen, el combate de este flagelo corresponde en primer término al gobierno, las administraciones municipales y todas las instancias que manejan fondos públicos.
La vigilancia y atención por parte del Ejecutivo ante denuncias y casos sonados de irregularidad en el manejo de recursos en entidades oficiales es un deber ineludible que no admite excusa alguna.
En su discurso de toma de posesión, el presidente Medina prometió, para el adecentamiento de la administración pública durante su gestión, actuar a partir del simple rumor público para que cualquier anomalía fuera cortada a tiempo y los responsables respondieran por sus actos indebidos.
Sin embargo, esta promesa ha caído en el vacío y desconocida por el gobernante, en vista de que salvo un caso que encargó con una querella al presidente de la Comisión de Etica, doctor Bidó Medina y de la cual nunca trascendió un dato concreto ni el resultado obtenido, nada se ha hecho en este campo desde la jefatura del Estado.
Son muchos los casos de denuncias documentadas en dependencias estatales que no han recibido atención alguna. Funcionarios señalados por la Cámara de Cuentas por ignorar olímpicamente el requerimiento de presentar declaraciones juradas de bienes, siguen en sus puestos y nada pasa.
Señor Presidente, es hora de actuar y de refrendar con medidas las palabras a que usted se comprometió ante el país y que tan buenas expectativas crearon en su momento en el inicio de su gobierno.