SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las acusaciones que hace el Ministerio Público contra seis jueces, acusándolos de dirigir una estructura dedicada a manipular procesos y negociar la libertad de personas al crimen organizado son graves porque aluden a actuaciones bochornosas y decepcionantes.
Las investigaciones según el Procurador General involucran casos sonados de narcotráfico y lavado de activos como los hermanos Buitrago, ejecutivos del banco Peravia y uno de los más recientes, la variación de la medida de coerción del regidor de Pedro Brand, acusado de sicariato. A la estructura también vinculan empleados ex jueces, abogados y particulares quienes presuntamente ayudaban a lo interno del Poder Judicial.
De acuerdo con el informe de inicio de investigación de acción penal pública, entregado a los medios de comunicación, se influía en la toma de decisiones a cambio de altas sumas de dinero, cuando de jueces íntegros se espera que representen los principios básicos de una sana administración de justicia.
Parece que en vez de mejorar, vamos de marcha atrás como el cangrejo, especialmente porque las críticas a las debilidades de nuestro sistema judicial son viejas. En cada foro de la sociedad civil, congresos y almuerzos empresariales y encuentros regionales, siempre sale a relucir el mismo tema, la corrupción e impunidad que se desprende de nuestra justicia.
De ser ciertas estas acusaciones y por supuesto todo acusado es inocente hasta que el ministerio público le demuestre lo contrario, debemos llegar hasta las últimas consecuencias. A los acusados se les debe garantizar el derecho de defensa.
Si en un juicio disciplinario son declarados culpables, esto debe provocar su destitución, pero no sería suficiente. Como sanción ejemplarizadora ante la sociedad, también se les debería inhabilitar para ejercer como abogados, y si les toca cárcel, pues que los tranquen, no vaya a ser que después en unos cuantos meses, los veamos ejerciendo como abogados del otro lado del estrado.
El mensaje tiene que estar claro y las consecuencias deben ser severas porque nos estamos jugando la reputación del sistema judicial. Recuerden que hace unas pocas semanas, los pilotos franceses ya más famosos por su fuga que por la condena de narcotráfico, denunciaron que en este país no lograban justicia. Por lo menos en Francia les creyeron ya que figuras importantes les proporcionaron ayuda para escapar de Republica Dominicana. Los titulares sobre este episodio nos hunden mas en el descredito internacional.