SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Estamos viviendo en la era de las redes sociales, donde todo se sabe al instante, donde cualquiera, hasta en los lugares más recónditos del planeta, puede con un teléfono grabar y difundir rápidamente cualquier información pública o íntima.
Tal es el caso de un video colgado en las redes de una mujer de El Seibo realizando actos sexuales con su pareja el gobernador de la Provincia.
Aunque este funcionario público admite hizo la grabación, alega desconocer como el mismo se difundió, diciendo que se trata de un equipo que no estaba en uso hace seis meses. Igualmente la joven también niega haberlo subido al internet.
Las leyes son claras, la difusión de imágenes de actos íntimos es penada hasta con prisión. Pero toda persona que continúe difundiendo el video también puede ser sancionada.
Estamos hablando de la dignidad de una mujer, de la de su familia, de un acto que deja secuelas imborrables, un señalamiento que persigue a la persona de por vida y puede provocar trastornos irreversibles.
Un caso de esta índole no puede pasar desapercibido, no puede quedar en una simple querella, en un interrogatorio, en la confiscación de un celular y tampoco puede dársele un tratamiento especial al caso por tratarse de un servidor público. Todo lo contrario, la vara con que se mide a un funcionario debe ser más alta, por su investidura y por su responsabilidad ante la sociedad.
Cabe destacar que las mujeres, especialmente las jovencitas, no podemos dejarnos embaucar, engañar, y que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad a la hora de la intimidad y saber medir las consecuencias de ese acto. Una grabación, no solo de un acto sexual, de cualquier índole puede ser utilizada con cualquier fin, esas son las contradicciones de la era tecnológica y el precio a pagar, que en este último caso, ha sido muy alto.