Tras décadas de debates y dudas sobre su eficacia como órgano oficial llamado a fiscalizar el buen uso de los recursos públicos mediante auditorías, la Cámara de Cuentas está sometida nuevamente a un serio cuestionamiento en cuanto a su credibilidad.

Tras décadas de debates y dudas sobre su eficacia como órgano oficial llamado a fiscalizar el buen uso de los recursos públicos mediante auditorías, la Cámara de Cuentas está sometida nuevamente a un serio cuestionamiento en cuanto a su credibilidad.

En el llamado período de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, se ganó el sobrenombre de cámara de los cuentos porque en la práctica nada serio se hacía desde esa instancia para detectar y fiscalizar posibles irregularidades en la administración pública.

En décadas posteriores y a lo largo de diferentes administraciones, no es mucho lo que se ha logrado avanzar para rescatar la imagen que debe tener un órgano, que por la naturaleza de sus delicadas funciones,  tiene que ganarse la confianza de la opinión pública teniendo como base fundamental la seriedad de sus indagaciones.

Durante años han cobrado fuerza las versiones de que la institución se habría  prestado a   “maquillar”  auditorías, o sea a realizar supuestos ajustes, supresiones o acomodamientos para no evidenciar la magnitud y gravedad de las irregularidades administrativas encontradas.

Estos cuestionamientos se intensificaron al inicio del actual gobierno y toman mayor relieve a raíz de los allanamientos e incautación de documentos por equipos del Pepca.

Como ha sostenido Finjus, lo importante es que el proceso de adecentamiento de la vida pública no tenga vacas sagradas, pero también las autoridades tienen el deber de dar a conocer en cada caso las pruebas y asegurar que cada actuación se haga con apego a la ley.