SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La confirmación del embajador James Brewster de la investigación que mantiene abierta Estados Unidos sobre el supuesto soborno en la compra de los aviones Súper Tucanos, ha venido a confirmar la magnitud de una operación oscura y cuestionada.

Las autoridades dominicanas deberían sentirse avergonzadas de que mientras guardan absoluto silencio sobre el escándalo, a pesar de las preguntas y gestiones de la prensa, las únicas informaciones al respecto han provenido de fuentes foráneas.

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En otras palabras, que si el periódico estadounidense The Wall Street Journal no hubiera informado acerca de las investigaciones en curso, a estas alturas los dominicanos estuvieran ajenos por completo al trasfondo de un caso de alto interés público.

Es claro, sin embargo, que las revelaciones del diario lo que han venido es a refrescar las dudas y denuncias sobre posible sobrevaloración multimillonaria que rodearon desde sus inicios todo lo relacionado con el proceso para justificar la adquisición de las aeronaves y lograr la aprobación en el Congreso.

La publicación de The Wall Street Journal ha planteado muchas interrogantes que carecen de respuestas, porque un manto de silencio oficial envuelve el espinoso tema a nivel local. Por ejemplo, ¿por qué no se ha podido establecer la identidad del senador que habría participado en el soborno junto a un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Es aun legislador y cómo goza de tal proteccionismo que su nombre se mantiene oculto, como si se tratara de un secreto de Estado?

Una aspecto relevante que deberían investigar las autoridades dominicanas, si estuvieran de verdad interesadas en esclarecer este embrollo: el soborno de 3.4 millones que el senador habría recibido junto al oficial tiene que haber envuelto necesariamente a otras personas por la naturaleza e implicaciones de una operación llena de misterios y que aquí pocos parecen interesarse en el caso.

La excepción ante esta insólita indiferencia fue la querella que en su momento se presentó ante los tribunales, en contra del fabricante, la empresa brasileña Embraer, por la alegada sobrevaluación del monto de 8 aviones Súper Tucanos.

Según una entidad de abogados, del monto de más de $93 millones de dólares para la compra de los aviones Tucano, fueron entregados US$13 millones a favor de funcionarios dominicanos.

El pueblo dominicano tiene derecho a exigir y conocer todo lo relacionado con este escándalo que no puede permanecer, como ha ocurrido con otros casos de corrupción, sumido en la impunidad como una burla a las instituciones y al imperio de la ley.