Redacción.- La Procuraduría general de la República y el Consejo el Poder Judicial tienen ante sí un caso que por su naturaleza, determinará si en este país se va a permitir que un magistrado pueda escudarse en su condición y gozar de proteccionismo frente a su responsabilidad en un hecho donde tres personas perdieron la vida.
Se trata nada menos que del juez Argenis García Del Rosario, de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, quien con la inacción inicial de la AMET en San Pedro de Macorís pretende desvincularse de la muerte de tres personas que viajaban en una motocicleta y que la AMET en La Romana determinó que atropelló con una Yipeta en la carretera San Pedro de Macorís-La Romana.
García fue detenido por motoconchistas que vieron la motocicleta incrustada en su vehículo y que ante su huida tuvieron que perseguirlo porque continúo su marcha.
Es increíble el proteccionismo con que ha contado este juez ante la contundente evidencia como: Una zapatilla de unas de las víctimas adherida a la motocicleta incrustada en el vehículo que conducía y que el tanque de dicha motocicleta quedó en el lugar del accidente donde murieron las tres personas, a estas evidencias también se le añaden el video y los testimonios captados la trágica noche, en un hecho que ha dejado a una menor de nueve meses huérfana.
¿Cómo es posible que ante tanta prueba comprometedora que incrimina a este juez, hasta ahora no haya nadie sometido por un caso que ha provocado indignación ante la posibilidad de que pueda quedar impune?
A esta servidora le han confirmado que jueces en las más altas esferas del poder judicial han abogado para ayudar al encubrimiento de este delito y esto NO es aceptable.
Nadie, absolutamente nadie, aunque sea san magistrado, está por encima de la ley y mucho menos cuando se trata de alguien que, por su investidura está obligado a velar por su cumplimiento.