Perverso tránsito

A pesar de que la aprobación de la ley de partidos políticos se suponía debía limitar el tiempo de campaña, esto no ha ocurrido, pues como la misma había iniciado antes de su aprobación en agosto de 2018, la Junta Central Electoral (JCE) prefirió legitimar parte de lo que se estaba haciendo disponiendo por vía reglamentaria la existencia de un período “previo de precampaña” no previsto en la ley.

Tampoco se ha sentido un cambio importante en las actividades de campaña pues la JCE no ha exhibido una firme voluntad de aplicar la ley, independientemente de que no tenga todas las herramientas para garantizar su cumplimiento y de las debilidades del régimen sancionador.

Aunque de conformidad con la ley la precampaña iniciará el primer domingo de julio, el rango de las actividades permitidas en ese período no variará sustancialmente de lo que ya está ocurriendo, aunque sí arreciarán las actividades y las pugnas entre precandidatos opuestos hasta el primer domingo de octubre, fecha en la que se realizarán las primarias.

Someter al país a una precampaña y campaña tan largas, costosas e intensas es dañino, no solamente por el reprochable dispendio de recursos, que al parecer desbordará los altos topes de gastos establecidos en la ley, sino por el efecto distorsionador que el calor de las pasiones políticas surte sobre todos los temas y el desvío de la atención de buena parte de los funcionarios, que independientemente de que sean candidatos, y de las posiciones supuestamente técnicas que ocupen, se transforman en activistas políticos y se desata entre ellos una especie de fiebre por demostrar quién es el más defensor de la obra de gobierno.

Esto se agrava cuando como en las actuales circunstancias hay resistencia a aceptar el fin del mandato y proliferan las voces que claman por continuidad, aunque la Constitución lo prohíba, y aún más cuando dos líderes se disputan ferozmente el poder dentro del partido de gobierno, puesto que no hay peores batallas que las internas y en ese juego de poder podrá más el que más recursos tiene, lo que amenaza las finanzas públicas.

El inexcusable compás de espera de una decisión que no debería ser otra que la de cumplir con la Constitución, mantiene en suspenso muchos escenarios, incluyendo en la oposición, afecta al partido oficial y todo el país, y aunque tiene como límite el plazo de ley de los 45 días previos a las primarias, el tránsito hasta el mismo puede ser perverso.

Como dijera el propio presidente al justificar la reforma constitucional promovida por este en el 2015, nuestra democracia está regida “por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo”, el cual da “oportunidad tanto a que los gobernantes realmente apliquen su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos”.

Y eso es precisamente lo que necesitamos, permitir que nuestra democracia madure bajo el modelo consagrado en nuestra Constitución y que surjan relevos generacionales y liderazgos distintos que renueven las esperanzas de cambios positivos para el país, lo que constituye parte de lo que se persigue con la democratización de la selección de los candidatos a lo interno de los partidos, especialmente con las primarias.

Para eso es necesario que el sentir mayoritario de la sociedad se exprese firmemente frente a quienes se empeñan en cambiar las reglas pensando exclusivamente en sus intereses, que hagamos ver a algunos líderes que su tiempo pasó, y que exijamos comportamientos distintos del nuevo liderazgo, prestando atención a sus hechos para no dejarnos confundir, porque relevo es mucho más que la edad.