PGR frena intentos de Antonio Espaillat por mover activos de RCC Media en medio de investigación por tragedia en Jet Set

SANTO DOMINGO. – La Procuraduría General de la República (PGR) tomó medidas legales preventivas contra el empresario Antonio Espaillat López, quien trató de movilizar el mapa societario de empresas a su nombre en medio de la investigación por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 232 personas muertas y 133 niños huérfanos.

Noticias SIN supo, de acuerdo a fuentes muy bien informadas, que Espaillat López trató de movilizar el mapa societario de su empresa de medios RCC Media, lo que obligó a la PGR “a tomar acción y frenar la movilización de empresas”.

El periódico Listín Diario publicó una información similar, al citar una fuente ligada a la investigación diciendo que la PGR ha activado procedimientos legales para impedir cualquier intento de enajenación o traspaso de propiedades vinculadas a Espaillat. Estas acciones incluyen oposiciones formales a posibles movimientos patrimoniales en compañías como Inversiones E y L SRL y el Jet Set Club, así como sobre otras propiedades a su nombre, según el diario.

La Dirección de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha asumido el caso y está ejecutando una serie de operativos legales orientados a preservar los derechos de las víctimas, sobre todo el más de un centenar de huérfanos.

Las autoridades buscan asegurar que los bienes relacionados con el empresario permanezcan bajo control judicial mientras avanza la investigación y se fijen las responsabilidades de rigor.

El desplome total del techo de concreto de la popular discoteca, ocurrido el pasado martes 8 de abril durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el siniestro, ha llevado al Ministerio Público a examinar minuciosamente los antecedentes administrativos y legales del local.

Aunque el empresario ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, el Ministerio Público mantiene la vigilancia activa sobre todos los elementos relacionados con la tragedia y sus responsables.

Estas acciones se enmarcan en lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual le otorga la capacidad de dirigir las investigaciones penales y actuar en representación de la sociedad para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los afectados.