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PGR no tiene calidad para establecer multas, asegura jurista

SANTO DOMINGO.- En medio de la polémica jurídica que se ha desatado sobre la legalidad o no del cobro de multas de hasta 100 mil pesos por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República revisará las instrucciones que deben seguir los fiscales para sancionar a los infractores del toque de queda y los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para contener la pandemia de la COVID-19.

La decisión fue tomada por la magistrada Miriam Germán Brito, quien ponderó los planteamientos sobre la necesidad de buscar mecanismos que fortalezca el marco jurídico del país, como los expuestos por la Finjus.

“Fijar las multas por encima del monto suficiente, más que servir como una sanción justa con efecto disuasorio, pudiese incluso entrar en el sinuoso camino de formas de arbitrariedad avaladas por el Estado”, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Finjus.

Sin embargo, el Ministerio Público informó que los fiscales deberán seguir tomando las acciones de lugar para garantizar que los ciudadanos cumplan con las medidas preventivas.

“Esto de alguna forma genera que en situaciones excepcionales o de imposibilidad material para el ciudadano tengan que quedar a la subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo de abusos y extralimitaciones”, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Finjus. 

La Ley General de Salud, en su artículo153, establece multas de entre uno y diez salarios mínimos por el incumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar enfermedades transmisibles.

“La Procuraduría General de la República no tiene calidad, ni la Constitución de la República para establecer multas”, dijo Johnny Carpio, jurista.

La norma cita entre los hechos sancionables el incumplimiento con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, “para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, al igual que las prescripciones de carácter sanitario”.

“En esta crisis tanto sanitaria como económica no debió establecerse una multa con un rango tan elevado. Tu dirá que son mil pesos, no son nada, pero son mucho para una persona que está sin trabajo”, manifestó Johnny Carpio, jurista.   

«Los juristas esperan que lo antes posible en la revisión se introduzcan los cambios que no violente las leyes o la Constitución de la República»

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