GUATEMALA.- La Fiscalía Especial Contra la Impunidad pidió hoy 22 años de cárcel para la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti (2012-2015) por su supuesta participación en un fraude millonario para limpiar un lago con «un producto milagroso» que resultó ser agua con sal.
El Ministerio Público, a través de esta fiscalía, culminó este jueves la fase de conclusiones en este juicio y solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo C que Baldetti, y las otras doce personas procesadas por el caso Lago de Amatitlán, reciban una sentencia condenatoria.
Para la exvicepresidenta, en prisión preventiva desde 2015 por varios casos de corrupción pero que enfrenta su primer juicio, la Fiscalía pide 22 años por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
Según la investigación, Baldetti usó su poder político cuando ejercía el cargo para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.
El hermano de Baldetti, Mario, para quien la fiscalía pide 20 años por los mismos delitos, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó todas las acciones para realizar esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a Baldetti a menudo a través de varios informes con el alias «la mera, mera», como prueban los correos electrónicos según la acusación.
Entre las otras personas implicadas en el caso está el ex comisionado presidencial del Agua Pablo Roberto González Córdova, quien enfrenta una petición de prisión de 26 años por los mismos ilícitos, y que según la fiscalía hizo creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por la empresa israelí, era la única solución posible.
El objetivo del grupo acusado, según la investigación, era ganar la licitación del Estado mediante la creación de esta empresa para «obtener un beneficio económico».
La solución para limpiar la cuenca era «agua con sal», según un informe de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente hecho público el pasado mayo.
La convocatoria pública para adjudicar el contrato fue publicada en el portal de adjudicaciones del Estado con solo un día de margen para presentar toda la documentación, lo que lleva a la Fiscalía a concluir que ya estaba otorgado de antemano.
Mediante varios testaferros, la empresa distribuyó parte de 22 millones de quetzales (2,97 millones de dólares) entre los funcionarios involucrados en la trama.
Ahí está incluido el director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa), Edwin Ramos -para quien solicitan 14 años de cárcel por fraude e incumplimiento de deberes-, y responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En todo momento, Baldetti se declaró inocente y también negó que su hermano tuviese algún poder en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán.
Para Uri Roitman, representante de la empresa israelí beneficiada, la Fiscalía pide 22 años por fraude, asociación ilícita y cohecho pasivo, mientras que el resto de imputados enfrentan diferentes penas.