La Habana.- Un tribunal cubano juzgó este jueves a tres personas, por los que la fiscalía solicita un total de 30 años de cárcel, por realizar pintadas contra el Gobierno y llamar en redes sociales a protestar.
El proceso, realizado en la sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, determinó si los hechos fueron constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado y de Propaganda enemiga.
La sentencia se espera en 21 días.
Los acusados, de 25, 27 y 47 años, se enfrentan a penas de entre tres y 15 años de prisión, según el escrito de la fiscalía, con código EFP 39-22, al que ha tenido acceso EFE.
Entre ellos se destaca el caso de Jorge Luis Boada Valdés, para el que se solicitan 15 años de privación de libertad. Sus familiares aseguraron a EFE que el joven «no tiene capacidad mental para entender la gravedad» de los hechos ni sus consecuencias.
Añadieron que Boada ha sufrido múltiples crisis graves de epilepsia, precisa medicación de forma permanente desde niño. Por su estado cognitivo, el Estado le envió a una «escuela especial».
Sin embargo, el peritaje psiquiátrico determinó que el joven es «responsable penalmente» y a la defensa se le ha negado la posibilidad de un segundo estudio pese a que su abogada ha argumentado que, por su situación, Boada es «fácilmente influenciable».
Según expone en su escrito la fiscal Yanaisa Matos Legrá, dos de los acusados «se propusieron estimular para que la población cubana se lanzara a las calles, se manifestara contra el orden social» a raíz de las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Su objetivo, agrega, era provocar «un ambiente de desestabilización del orden interno y la seguridad del país».
En este sentido, en el escrito se citan varios mensajes de dos sospechosos en redes sociales en los que se urge a protestar, pero en los que no hay llamados a emplear la violencia o señales de que estén mínimamente organizados.
La fiscal apunta que dos acusados tuvieron contacto con dos cubanos en el exterior, dos «influyentes contrarrevolucionarios», que les prometieron enviar «ayuda económica con el fin de propiciar un cambio en el sistema económico, político y social» del país.
Además, continúa, les propusieron «realizar acciones de desobediencia civil» para lo que aparentemente pensaban mandarles «ligas elásticas» para tirapiedras, «alcohol para confeccionar medios incendiarios», espray y otros productos afines para la confección de carteles con lemas que denigraran al presidente del país, Miguel Díaz-Canel.
Sin embargo, en el escrito de la fiscalía no se indica si esos envíos de dinero y material llegaron a efectuarse.
Matos Legrá argumenta que uno de los acusados realizó tres pintadas insultantes contra Díaz-Canel en espacios públicos «con la intención de subvertir el orden social y en consecuencia desmontar el sistema socialista».
Dos de ellos, además, colgaron en redes sociales material «contrarrevolucionario» y en distintos foros digitales hicieron comentarios, por escrito y a través de emisiones en directo, «persistiendo en su pretensión de quebrantar el sistema político social que rige los destinos del pueblo cubano».
