Las organizaciones plantean que con un aumento regional cercano a 1,5 °C, se intensifican sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor y pérdidas de cosechas, afectando la seguridad alimentaria.
Organizaciones de Centroamérica y República Dominicana, agrupadas en la organización Centroamérica Vulnerable, exigieron acciones urgentes para frenar el aumento de la temperatura global.
Además, demandan detener la expansión de la minería a cielo abierto, los monocultivos, la agroindustria y el uso indiscriminado de agrotóxicos, que destruyen la salud de los ecosistemas y las poblaciones, con un impacto diferenciado en mujeres y grupos vulnerables.
Durante un encuentro regional celebrado en Antigua, Guatemala, delegaciones de Centroamérica y República Dominicana hicieron un llamado a orientar la inversión pública hacia soluciones locales.
Entre ellas destacan la cosecha y almacenamiento de agua, las prácticas agroecológicas, la restauración de ecosistemas, la protección de suelos, el fortalecimiento de la pesca artesanal y los sistemas comunitarios de gestión de riesgos.
La delegación dominicana estuvo encabezada por el coordinador de la RedAfros, Darío Solano, quien planteó que el derecho humano al agua y saneamiento exige cobertura universal, priorizando el uso humano y ecosistémico.
“Esto implica tratamiento de aguas residuales, monitoreo público de calidad, protección de nacimientos y recarga hídrica, regulación de extracciones y vertidos, y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua”, agregó.
En el encuentro regional se abordó la crisis multidimensional que afecta a Centroamérica y el Caribe, donde la crisis climática actúa como un multiplicador de vulnerabilidades.
Con un aumento regional cercano a 1,5 °C, se intensifican las sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor y pérdidas de cosechas, afectando la seguridad alimentaria y el acceso al agua de millones de personas.
Esta situación amenaza los avances en derechos humanos y desarrollo sostenible. Los participantes coincidieron en que debe retomarse y aplicarse la reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia, que clarifica y fortalece las obligaciones jurídicas de los Estados frente a la crisis climática.
Las organizaciones destacaron la necesidad de marcos legales robustos, que incluyan leyes de cambio climático, de soberanía y seguridad alimentaria, y de protección ambiental, con una visión integral de derechos humanos, género e interculturalidad.
Asimismo, exigieron que se garantice la consulta libre, previa e informada, conforme a los instrumentos nacionales e internacionales de defensa y tutela de derechos humanos para Pueblos Indígenas y poblaciones afrodescendientes. También pidieron reconocer a las autoridades comunitarias y ancestrales como actores legítimos en la toma de decisiones.
“Nuestros saberes ancestrales, nuestras semillas nativas, nuestras prácticas agroecológicas, nuestras luchas feministas y ecofeministas, nuestras juventudes organizadas y nuestras comunidades costeras y rurales son parte de la solución global a la crisis climática”, concluyeron en la declaración final del encuentro regional.