Piden que se investigue muertes de menores en cárceles de El Salvador

San Salvador.- Abogados de organizaciones no gubernamentales solicitaron este jueves a la Fiscalía General de El Salvador que investigue a un ente público de niñez por «no responder» ante las muertes de menores registradas en cárceles, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción.

El abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), explicó a periodista que se trata de un aviso penal entregado en una de las sedes de la Fiscalía en Salvador contra el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y su directora, Linda de Moran.

Señaló que la Conapina y Moran «han cometido los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes al no dar respuesta ante las muertes de niños en cárceles y menores que han quedado en la orfandad por la captura o muerte de sus padres».

Joya amplió que en septiembre del año pasado organizaciones presentaron ante el Conapina un escrito para que «tomara cartas en el asunto ante esta situación», pero aseguró que «no hubo ninguna acción».

«No observamos, desde el escrito presentado en septiembre de 2023, que las autoridades competentes, el ente rector que tiene que velar por la protección de los derechos de los niños y adolescentes en este país (…) haya dado una respuesta, ni haya investigado», añadió.

Según la abogada Ivania Cruz, también miembro de Unidehc, «son al menos 918 menores de edad los que se encuentran en condiciones deplorables en las cárceles junto a sus madres, detenidas por el régimen».

La organización humanitaria Cristosal dio a conocer recientemente, luego de una investigación, que cuatro menores han muerto en cárceles de El Salvador.

Human Rights Watch (HRW), entre tanto, reveló en un informe que el Conapina indicó a las autoridades de Estados Unidos que se detuvo a 3.319 niños entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, con 841 que seguían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 siguen cumpliendo condena.

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), avaló este jueves la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales, con lo que la medida contra las pandillas estará vigente al menos hasta el 7 de septiembre próximo.

Según cifras oficiales, desde marzo de 2022, se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, entre los que se encuentran más de 7.000 personas que han sido puestas en libertad condicional.