Santo Domingo.– Miles de películas, eventos deportivos y canales de televisión de paga eran ofrecidos a precios irrisorios a través de una plataforma ilegal que operaba desde República Dominicana.
Bajo una estructura que recuerda a una versión digital de Piratas del Caribe, esta red clandestina habría movido más de RD$285 millones y cerca de un millón de dólares en criptomonedas, según las autoridades.
El caso, actualmente bajo investigación del Ministerio Público, ha sido calificado como uno de los mayores esquemas de piratería digital detectados en el país.
Una industria paralela
La operación clandestina consistía en la venta de suscripciones ilegales para acceder a más de 900 canales de televisión y 3,000 películas. Los precios eran extremadamente bajos: tan solo USD$1.29 al mes, una fracción del costo de las plataformas legales.
Los servicios se ofrecían mediante portales como iptv66.com y servidoriptvprivado.is, y los pagos se realizaban en bitcoin o mediante transferencias bancarias, tanto locales como internacionales.
La denuncia
La investigación se originó tras una denuncia formal presentada en septiembre de 2021 por al menos 14 empresas de entretenimiento internacional, entre ellas:
Empresas de entretenimiento
- Paramount Pictures
Netflix Studios
Columbia Pictures
Sony Pictures Television
Disney Enterprises
Universal City Studios
Amazon Studios
Warner Bros. Entertainment.
Estas compañías solicitaron a las autoridades dominicanas investigar el esquema, identificar a los responsables y determinar el destino de los fondos generados por la venta ilegal de contenido protegido por derechos de autor.
El caso Casci Ocumárez
El principal acusado es Leonardo Alberto Casci Ocumárez, a quien se le atribuye la dirección del entramado junto a Raúl Ernesto Guzmán Lora y los hermanos Víctor Luis y Keomirys Torres López. Según el expediente, utilizaron empresas fachada, criptomonedas y múltiples números telefónicos y correos falsos para encubrir sus operaciones.
Una compra controlada realizada en febrero de 2022 por un agente encubierto permitió a las autoridades documentar el modus operandi. El agente adquirió un paquete anual de USD$25, que incluía acceso a miles de películas, canales HD/SD, eventos deportivos y soporte técnico.
Rastro de dinero y propiedades
Las investigaciones revelaron que Casci Ocumárez, a pesar de no cotizar en la seguridad social ni declarar ingresos formales, manejaba cuentas bancarias con movimientos millonarios:
- Una cuenta en dólares registró más de USD$833,000 entre 2016 y 2021.
- Otra cuenta corriente recibió depósitos por encima de RD$285 millones entre 2010 y 2024.
- Una tercera cuenta manejó más de USD$162,000 entre 2019 y 2021.
- El Ministerio Público sostiene que los fondos obtenidos en bitcoin eran transferidos a cuentas vinculadas a Keomirys Torres López, quien posteriormente introducía el dinero al sistema financiero local y lo transfería a Guzmán Lora.
¿Qué cargos y sanciones enfrentan los acusados?
Los acusados enfrentarán cargos por violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley contra el Lavado de Activos. Las penas contempladas incluyen prisión de hasta cinco años y multas millonarias.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó que, aunque culturalmente la piratería suele no ser percibida como un delito grave, su impacto económico y legal es significativo.
Un caso con ramificaciones internacionales
Tanto Raúl Ernesto Guzmán Lora como Leony Croes, familiares de uno de los acusados, fueron procesados previamente en Estados Unidos por hechos similares, lo que refuerza la tesis del Ministerio Público sobre la existencia de una estructura criminal transnacional.
El expediente sugiere que los implicados se beneficiaban de una red con conexiones financieras en el extranjero, lo que dificultó durante años el rastreo del dinero.
¿Y ahora qué sigue?
El Ministerio Público desplegó un operativo que incluyó 30 fiscales y 19 allanamientos en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa. La solicitud de prisión preventiva por 18 meses para los imputados fue objetada por la defensa y la audiencia fue aplazada para el jueves 25 de septiembre.
Para las autoridades, este no es un simple caso de piratería digital, sino un esquema organizado que convirtió el contenido protegido en un negocio ilícito de escala millonaria.
- Las próximas semanas serán clave para determinar si este será el fin de una de las mayores redes de streaming ilegal del Caribe o solo un capítulo más en una batalla que se libra en la frontera invisible entre la legalidad y el cibercrimen.