El plan anticorrupción que comenzó a
dilenear el presidente Luis Abinader ha
abierto expectativas sobre la posibilidad de que, fuera de anuncios y
advertencias, pueda concretizarse en la práctica y afianzarse como un programa
efectivo para el adecentamiento de la administración pública.
Debido a las decepcionantes experiencias
del pasado en este tipo de temas, es natural que el nuevo plan sea recibido con
cierto nivel de escepticismo a la espera de resultados, lo que podría ir
cambiando paulatinamente según las ejecutorias que se adopten con firmeza y sin
excepciones.
Entre otros puntos, quizás el que ha
llamado más la atención a nivel mediático es la afirmación del Presidente de
que procederá a cancelar a los funcionarios que no presenten su declaración
jurada de bienes como manda la ley.
Se trata de una disposición que está consagrada
en una ley adjetiva que no es nueva, pero que había sido objeto de muchos
cuestionamientos por la forma en que era ignorada, ya que como reza la
sentencia jurídica; una ley que no se cumple equivale a letra muerta.
La vigencia de una ley, sobre todo
cuando se trata de una cuestión tan vital como la vigilancia y salvaguarda del
patrimonio público, sólo es efectiva cuando los estamentos oficiales encargados
de su ejecución cumplen con su papel para que haya un verdadero sistema de
consecuencias aplicable a los infractores.
Con su advertencia, Abinader ha dejado
bien en claro que no tolerará la liviandad y la inexcusable tolerancia con que
se actuaba en el pasado reciente y que permitía a funcionarios que accedían a
posiciones públicas, burlarse de la ley, de las instituciones y del país en
general.
Es de esperar, pues, que ni siquiera
haya que despedir a nadie, que todos los nuevos funcionarios cumplan con la
declaración y que también en sus gestiones observen todas las normas y buenas
prácticas éticas que se han comprometido a cumplir a cabalidad.
El país es su conjunto observa con
atención la nueva administración y los logros que se alcancen en la lucha
anticorrupción contribuirán a un uso más transparente, justo y equitativo de
los recursos del estado. En esta y en otras materias vitales de la vida
pública, la garantía para el cumplimiento y el castigo a los violadores es la
eterna vigilancia, sin tregua ni debilidad alguna.