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Jueves 1 de octubre, 2020
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Presentación del Presidente a líderes de opinión

El plan anticorrupción que comenzó a dilenear el presidente Luis Abinader  ha abierto expectativas sobre la posibilidad de que, fuera de anuncios y advertencias, pueda concretizarse en la práctica y afianzarse como un programa efectivo para el adecentamiento de la administración pública.

Debido a las decepcionantes experiencias del pasado en este tipo de temas, es natural que el nuevo plan sea recibido con cierto nivel de escepticismo a la espera de resultados, lo que podría ir cambiando paulatinamente según las ejecutorias que se adopten con firmeza y sin excepciones.

Entre otros puntos, quizás el que ha llamado más la atención a nivel mediático es la afirmación del Presidente de que procederá a cancelar a los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes como manda la ley.

Se trata de una disposición que está consagrada en una ley adjetiva que no es nueva, pero que había sido objeto de muchos cuestionamientos por la forma en que era ignorada, ya que como reza la sentencia jurídica; una ley que no se cumple equivale a letra muerta.

La vigencia de una ley, sobre todo cuando se trata de una cuestión tan vital como la vigilancia y salvaguarda del patrimonio público, sólo es efectiva cuando los estamentos oficiales encargados de su ejecución cumplen con su papel para que haya un verdadero sistema de consecuencias aplicable a los infractores.

Con su advertencia, Abinader ha dejado bien en claro que no tolerará la liviandad y la inexcusable tolerancia con que se actuaba en el pasado reciente y que permitía a funcionarios que accedían a posiciones públicas, burlarse de la ley, de las instituciones y del país en general.

Es de esperar, pues, que ni siquiera haya que despedir a nadie, que todos los nuevos funcionarios cumplan con la declaración y que también en sus gestiones observen todas las normas y buenas prácticas éticas que se han comprometido a cumplir a cabalidad.

El país es su conjunto observa con atención la nueva administración y los logros que se alcancen en la lucha anticorrupción contribuirán a un uso más transparente, justo y equitativo de los recursos del estado. En esta y en otras materias vitales de la vida pública, la garantía para el cumplimiento y el castigo a los violadores es la eterna vigilancia, sin tregua ni debilidad alguna.   

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