María Corina Machado incurrió en una falta que en cualquier país pudiera tipificarse como de alta traición, funcionaria de un Estado que usa la silla de otra nación en un organismo internacional para procurar sanciones o censuras contra su patria, pero su destitución sin un proceso en el que pudiere ejercer sus medios de defensa, es un atropello grosero al ordenamiento jurídico en Venezuela y en todas las naciones democráticas.
Por violación al artículo 149 de la Constitución de la República Bolivariana que pauta que los funcionarios del Estado no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin autorización del parlamento, debió haber sido objeto de un juicio político, teniendo la oportunidad de conocer de los cargos que se les formulaban y de refutarlos, y solo con la conclusión de ese procedimiento podía ser destituida.
Es conocida la difícil situación que enfrenta la oposición venezolana, victima constante de múltiples expresiones de intolerancia, pero eso no excusa al que denuncia las tropelías para colocarse de espaldas al orden constitucional.
Opiné lo mismo cuando vi a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba llegar a la República Dominicana con el presidente Hugo Chávez en un avión oficial de la delegación venezolana, en un momento en que su país tenía una grave confrontación con Venezuela, un legislador pertenece a un órgano colegiado y solo debe actuar en misiones internacionales autorizadas por la cámara legislativa de la que forma parte.
También entiendo que la Cámara de Diputados de la República Dominicana faltó a su responsabilidad al comprobar que un miembro de la Junta Central Electoral sin autorización del pleno de la institución participó en un evento internacional absolutamente contrario al interés del Estado dominicano.
No creo válido el alegato de que Venezuela hizo lo mismo que ahora repudia cuando otorgó la condición de embajador alterno al expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales, para que usara una silla de Venezuela en la OEA, porque se trató de un presidente defenestrado y sacado por la fuerza de su país, en una acción que mereció el repudio de la OEA y de toda la comunidad internacional.
El despojo que se ha perpetrado contra María Corina Machado es la cucho mil evidencia de que el chavismo ha perdido los estribos porque nadie debe estar más interesado que el Gobierno en que la oposición se exprese a través de canales institucionales, y el único del que disponen en Venezuela es la Asamblea Nacional, manejado con absoluta intransigencia como si se tratara de un tribunal inquisitorial.
Tampoco hay respeto por la libertad de expresión y los medios de comunicación y los comunicadores que cumplen con su papel de denunciar los actos despóticos son perseguidos, encarcelados y ahogados económicamente, dejando como recurso inevitable el de las protestas callejeras por las que ya se cuentan varias decenas de fallecidos.
Lamentable es que la comunidad internacional mira para otro lado, prefiere mantener su fastidio a la República Dominicana por el imperdonable delito de aplicar sus reglas migratorias y un mandato constitucional vigente ininterrumpidamente desde 1929 que establece que ni los hijos de extranjeros legales en misiones diplomáticas ni de los que se encuentren en tránsito (permanencia ilegal en un territorio por largo o corto tiempo) les corresponde la nacionalidad dominicana.
Venezuela está al borde del abismo, como si sus conductores la llevasen expresamente a un holocausto, por más que se trate de adivinar no se advierte la lógica de los acontecimientos.