SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 499-24, que ordena la extradición de Jovanni Antonio Rosario García, implicado en una red de estafas a adultos mayores en los Estados Unidos, denominada la estafa de los abuelos.
Rosario García había aceptado voluntariamente la extradición en agosto de este año y ahora será entregado a las autoridades estadounidenses para responder a los cargos de fraude electrónico y lavado de activos.
El decreto presidencial 499-24, emitido el 9 de septiembre de 2024, oficializa la entrega en extradición de Jovanni Antonio Rosario García a los Estados Unidos. Rosario García está acusado de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, así como de lavado de activos, según el caso 24-CR-6 presentado ante la Corte de Distrito de Nueva Jersey el 4 de enero de 2024(Decreto 499-24 (3)).
Este decreto es el último paso en el proceso que comenzó en agosto de este año, cuando Rosario García, ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, aceptó de manera voluntaria ser extraditado. Durante la audiencia, Rosario García fue imputado por su participación en una red criminal que operaba desde centros de llamadas en la República Dominicana para estafar a adultos mayores en los Estados Unidos, sustrayendo millones de dólares mediante técnicas de fraude tecnológico.
El decreto establece que Rosario García será entregado bajo la condición de que no se le juzgue por delitos distintos a los que motivan su extradición, ni se le aplique una pena mayor a la establecida en la legislación dominicana, lo que incluye la prohibición de la pena de muerte.
Además de Rosario García, otros miembros de la red ya han sido extraditados a Estados Unidos, incluyendo a Miguel Ángel Vásquez, José Ismael Diloné Rodríguez, Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura y Juan Rafael Parra Arias, este último vinculado a la red criminal Discovery 2.0, que operaba de manera similar.
La red de estafadores operaba mediante centros de llamadas (call centers) desde la República Dominicana, contactando a adultos mayores residentes en los Estados Unidos y haciéndose pasar por familiares en situaciones de emergencia para convencer a las víctimas de enviar grandes sumas de dinero.
Con este nuevo decreto, las autoridades dominicanas continúan con el proceso de colaboración con las autoridades estadounidenses para desmantelar redes de fraude transnacional que afectan tanto a ciudadanos de ambos países.