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Poder Judicial presenta guía de justicia inclusiva; pide nombrar a LGBTIQ+ por los pronombres con los que se identifican

Protocolo

Asimismo explica que tienen el derecho a que se mantenga la confidencialidad de la información y datos personales de carácter sensible (sexo, nombre, estatus intersex, datos médicos y de salud), garantizando espacios físicos y virtuales, que ofrezcan privacidad.

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SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial aplicó la Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia y el Protocolo para Personas LGBTIQ+, con discapacidad y migrantes aprobados por el Consejo del Poder Judicial, acorde con una justicia inclusiva que garantice la dignidad de las personas. 

El objetivo general de la Guía es proveer a jueces, funcionarios y servidores judiciales de herramientas para la implementación de buenas prácticas en el trato a las personas usuarias del servicio de justicia, en destaca que tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto, sin discriminación por razones de orientación sexual, identidad, o expresión de género, además que pueden ser nombradas según el pronombre de su elección o su apellido.

Asimismo, explica que tienen el derecho a que se mantenga la confidencialidad de la información y datos personales de carácter sensible (sexo, nombre, estatus intersex, datos médicos y de salud), garantizando espacios físicos y virtuales, que ofrezcan privacidad.

El protocolo de trato digno en el acceso a la justicia para personas LGBTIQ+,»con frecuencia, en la sociedad, sólo se admite la existencia de una única orientación sexual: la heterosexual; y una única identidad de género: la que coincida con el sexo biológico al nacer. En consecuencia, las personas Lgbtiq+ se encuentran obligadas a mantener este aspecto de su identidad personal en secreto, o como mínimo dentro del espacio privado. Esa exigencia de “discreción” constituye una forma de discriminación porque no se exige a otras personas, y provoca graves sentimientos de ansiedad, soledad y vergüenza».

El documento indica que «la homofobia puede manifestarse a través de insultos y agresiones físicas, pero también a través de formas de intolerancia, como negarse a utilizar el pronombre de elección de la persona, o negar ciertos derechos fundamentales, como el derecho a interponer denuncia, o a recibir información».

También, contempla impulsar iniciativas a través de la interrelación con instituciones vinculadas a los operadores que intervienen en el sistema de justicia para motivar la promoción de las buenas prácticas descritas en la Guía. 

Agrega el texto, que esto también se aplica a jueces, juezas, funcionarios(as), servidoras y servidores del Poder Judicial dominicano para que en su interacción con las personas usuarias del servicio brinden un trato digno que facilite el acceso a la justicia.  

Derecho a no ser acosada, o recibir insultos, amenazas, o cualquier tipo de agresión, por parte de ninguna otra persona usuaria por razones de orientación sexual, identidad, o expresión de género, y ser protegida por el personal judicial en caso de que esto ocurra.

La Guía es un instrumento sustentado en la Constitución dominicana, que en su artículo 39 establece el derecho a la igualdad, los tratados internacionales y convenciones de derechos humanos, la Ley núm.1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley núm. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras normativas. Este documento contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación (AECID), a través de apoyo técnico.   

Mientras que el Protocolo de Trato Digno para el Acceso a la Justicia para Personas LGBTIQ+, con Discapacidad y Migrantes tiene por finalidad servir como herramienta pedagógica, de consulta y aprendizaje sobre el acceso a la justicia sin discriminación y con respeto a la dignidad personal; además, facilitar el trabajo y promover prácticas cotidianas del personal judicial en la mejora de los servicios y en la atención humanizada a todas las personas.  

Asimismo, el Protocolo tiene carácter educativo, está dirigido al personal del Poder Judicial dominicano en el ejercicio de funciones judiciales, administrativas o de apoyo. Este protocolo fue elaborado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

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