REDACCIÓN.- Otro de los sospechosos de organizar la ola de ataques violentos contra casi media centena de ciudades del estado brasileño de Rio Grande do Norte (noreste), murió este martes en un enfrentamiento con la Policía, informaron fuentes oficiales.
En una «operación conjunta» de las Policías Civil y Militar de los estados de Rio Grande do Norte y Ceará, realizada ese martes en la ciudad de Mossoró, un hombre de 29 años fue «abordado» por los agentes y disparó contra la patrulla, que también «reaccionó» con tiros.
De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, el hombre abatido por los agentes «era sospechoso de ser uno de los líderes de la facción criminal que actúa desde las cárceles del estado» y era apuntado de «coordinar los ataques» en Mossoró.
En el operativo fueron aprehendidos en la casa del sospechosos 100 litros de gasolina y municiones.
La semana pasada, en una operación similar, las autoridades en el vecino estado de Paraíba mataron a otro de los supuestos líderes de cometer los ataques.
Los ataques incendiarios y tiroteos perpetrados por una organización criminal en Río Grande do Norte completaron el lunes una semana, con incidentes prácticamente todos los días.
El Gobierno federal ya envió a Río Grande do Norte 700 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, un cuerpo de elite de la Policía Nacional, y ese número se puede elevar hasta 1.500 en los próximos días en caso de que sea necesario de más refuerzos.
Asimismo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, que visito el lunes a Natal, la capital regional, anunció la liberación «inmediata» de 100 millones de reales (19 millones de dólares) para comprar vehículos y armas con el objetivo de «ampliar el poder de respuesta de las policías».
Parte de esos recursos también se destinará para mejorar el sistema penitenciario, con la construcción de una nueva cárcel y el aumento de celdas en las unidades ya existentes, según explicó el ministro a los periodistas.
Los ataques, que se han extendido a al menos 48 ciudades de Río Grande do Norte, comenzaron en la madrugada del martes 14 de marzo, cuando los pistoleros atacaron autobuses, edificaciones públicas e instalaciones policiales.
Las autoridades han registrado hasta ahora al menos 280 ataques en siete días, pero el número viene cayendo gradualmente.
Los tiroteos e incendios de vehículos, comercios, comisarías policiales, bancos y sedes de organismos públicos han sido atribuidos al «Sindicado del Crimen», organización de narcotraficantes comandada desde el interior de las cárceles de la región.
Los ataques al parecer son una respuesta al reciente endurecimiento de las políticas públicas de combate al crimen, a las malas condiciones del sistema penitenciario y al traslado de algunos presos.