Politizar o despolitizar: esa es la cuestión

Nuestras democracias viven entre las pulsiones de la despolitización y la politización. Sabemos, sin embargo, que, como bien decía Carl Schmitt, cuando se reclama “no politizar” una cuestión, lo que en el fondo buscamos es mostrarnos por encima de los demás en nuestra “calidad de ‘apolítico’” y esta, en realidad, hay que decirlo, es la más política de todas las posiciones, como bien se demostró cuando Joaquín Balaguer afirmó que su “dictablanda” no tenía “presos políticos sino políticos presos”.

Peor aún, esa pretensión de “despolitización absoluta”, elitista de pura cepa, al remontarse a la “aristocracia del espíritu” del Ariel de Rodó, con su desprecio a las masas, que se cree por encima de los partidos llenos de “malos” y “corruptos”, que postula una política antagónica de los “honestos” contra los “sinvergüenzas”, que apoya desvergonzadamente la restricción del financiamiento público a los partidos y la unificación de las elecciones para ahorrar dinero -como si la democracia y los derechos no costaran- y que, con su narcisismo político arrásalo todo, no quiere darse cuenta que solo podemos vivir civilizadamente en imperfectas democracias -compuestas por hombres que no son ángeles como señalaba Madison, pero que tampoco son demonios-, que son, como afirma Adam Michnik, “una mezcla de pecado, santidad y tejemanejes”

Lo antes dicho no significa que no se requiera domesticar jurídicamente a los partidos para asegurar su democracia interna y su transparencia ni asegurar un estatuto adecuado de candidatos verdaderamente independientes que no socave la estabilidad del sistema de partidos y, lo que no es menos importante, despolitizar ámbitos del Estado, como es el caso del poder jurisdiccional, los órganos constitucionales extrapoder, el Ministerio Público, la Administración pública y los organismos reguladores de la economía cuya neutralidad política se presuponen esenciales en un Estado de derecho, y que sufren la abierta presión de los poderes políticos con vocación de politizar todo lo que le rodea y el frecuente intento de los poderes salvajes del mercado y de la delincuencia organizada de capturarlos.

Precisamente, por la necesidad de la independencia judicial para asegurar la Constitución y los derechos, es que la peor de todas las politizaciones es la de la función jurisdiccional lograda vía su dominio político-partidista. Ella, al atacar directamente al mecanismo de defensa de la Constitución y de los derechos de las personas, sienta las bases para la persecución política de la oposición disfrazada de persecución judicial y puede, incluso, desembocar en lo que ocurrió en Venezuela: “la demolición del Estado de derecho y la destrucción de la democracia” (Allan Brewer-Carías).

Pero politización de la justicia -es decir, ponerla al servicio de los poderes e intereses políticos- no es igual a judicialización de la política, pues, como ha establecido Juan Claudio de Ramón, citado por Ricardo Dudda, esta emerge de “vivir en un Estado de derecho. Y vivir en un Estado de derecho significa no vivir bajo el arbitrio de nadie. Pretender que la política es una actividad privilegiada, extramuros de la jurisdicción de la justicia, con venia para desplegarse al margen de las leyes, es tanto como liquidar el pluralismo político, que solo puede darse bajo un marco legal común y vinculante para todos. No poder judicializar la política significa que la justicia está politizada y es de parte”.