Políticas de retención escolar que permitan a las jóvenes embarazadas continuar sus estudios. Y campañas de sensibilización para combatir el abuso sexual y el matrimonio infantil.
El informe presentado esta semana por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre el costo socioeconómico del embarazo adolescente en la República Dominicana debería ser un llamado de atención para todos. No solo por las cifras alarmantes —US$131 millones anuales, equivalentes al 0.38% del PIB—, sino por lo que estas cifras representan: el fracaso de un sistema que sigue permitiendo que miles de niñas y adolescentes vean truncados sus sueños, su educación y su futuro debido a embarazos no deseados.
El embarazo adolescente no es solo un problema de salud pública; es un reflejo de una sociedad que ha normalizado el abuso sexual, la falta de educación sexual y la ausencia de políticas efectivas para proteger a sus jóvenes. El informe revela que el 87% de los embarazos en adolescentes no son intencionales, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo que nuestras niñas sean víctimas de abusos, violaciones y matrimonios forzados? ¿Cómo es posible que aún no hayamos implementado una educación sexual integral en las escuelas? ¿Cómo es posible que el acceso a métodos anticonceptivos modernos siga siendo un privilegio y no un derecho?
El embarazo adolescente en la República Dominicana no es solo un problema de pobreza o falta de oportunidades; es, en gran medida, un problema de abuso sexual. Las cifras no mienten: muchas de estas jóvenes son víctimas de violencia sexual, ya sea en sus hogares, en sus comunidades o en sus relaciones de pareja. El abuso sexual de menores es una realidad que hemos normalizado, y eso es inaceptable. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras nuestras niñas son violadas y obligadas a ser madres antes de tiempo.
Es urgente que el Estado y la sociedad en su conjunto tomen medidas concretas para proteger a las niñas y adolescentes. Esto implica no solo fortalecer las leyes contra el abuso sexual y el matrimonio infantil, sino también garantizar que estas leyes se cumplan. No basta con tener normas en el papel; necesitamos un sistema judicial que actúe con firmeza y rapidez para castigar a los abusadores y proteger a las víctimas.
Otro factor clave en esta problemática es la falta de educación sexual. En un país donde hablar de sexualidad sigue siendo un tabú, a pesar de la práctica generalizada, no es de extrañar que muchas adolescentes no tengan acceso a información básica sobre cómo prevenir un embarazo o cómo protegerse de enfermedades de transmisión sexual. El informe del UNFPA es claro: las adolescentes que reciben educación sexual tienen menos probabilidades de quedar embarazadas a temprana edad. Es hora de que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad y promueva programas de educación sexual integral en todas las escuelas del país. No se trata de imponer una ideología, sino de brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida. La educación sexual no es un lujo; es un derecho.
El informe también destaca la importancia de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, especialmente para las adolescentes. Sin embargo, en la República Dominicana, el acceso a estos métodos sigue siendo limitado, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones más vulnerables. Esto es inaceptable. Si queremos reducir las tasas de embarazo adolescente, es fundamental que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles, gratuitos y confidenciales para todas las jóvenes.
Además, es crucial que se promueva el uso de métodos anticonceptivos de larga duración, como los implantes y los dispositivos intrauterinos (DIU), que han demostrado ser altamente efectivos en la prevención de embarazos no deseados. Estos métodos no solo benefician a las adolescentes, sino que también representan un ahorro significativo para el sistema de salud pública.
El embarazo adolescente no solo tiene un impacto devastador en la vida de las jóvenes, sino que también representa un costo enorme para el país. Según el informe, el Estado gasta US$21.3 millones anuales en la atención médica de las madres adolescentes, y deja de percibir US$9 millones en ingresos fiscales debido a la reducción de los ingresos laborales de estas jóvenes. Además, las pérdidas en educación y empleo perpetúan el ciclo de pobreza y desigualdad, lo que afecta el desarrollo socioeconómico del país en su conjunto.
Pero más allá de los números, hay un costo humano que no podemos ignorar. Cada embarazo adolescente representa una vida truncada, una joven que ve limitadas sus oportunidades de estudiar, trabajar y realizarse como persona. No podemos permitir que esto siga ocurriendo.
El informe del UNFPA ofrece una hoja de ruta clara para abordar este problema. Es hora de que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado trabajen juntos para implementar políticas efectivas de prevención del embarazo adolescente. Esto incluye: Educación sexual integral en todas las escuelas del país. Acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, especialmente para las adolescentes. Políticas de retención escolar que permitan a las jóvenes embarazadas continuar sus estudios. Y campañas de sensibilización para combatir el abuso sexual y el matrimonio infantil.
El embarazo adolescente no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana, pero con voluntad política y un compromiso real, podemos empezar a cambiar las cosas. No podemos seguir permitiendo que nuestras niñas y adolescentes sean víctimas de un sistema que las ignora y las abandona. Es hora de actuar. Es hora de poner fin a la cultura del abuso y la ignorancia. El futuro de nuestras jóvenes depende de ello.
