SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Por prácticas de corrupción en el Estado de las que responsabilizan al senador por la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, el Ministerio Público pidió al Tribunal Constitucional la revisión que procura el levantamiento del archivo provisional de la investigación llevada a cabo.
El recurso emitido por el juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada, Mag Juan Hiroito Reyes, quien además declaró inconstitucional los numerales 2, 3 y 4 del artículo 281 del Código Procesal Penal dominicano.
En ese sentido, también se pronunció Laura María Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, quien declaró que con dicho recurso el Juez se excede y violenta principios constitucionales al no reconocer la facultad del Ministerio Público de levantar un archivo provisional conforme lo acuerda el artículo 281 del Código Procesal Penal dominicano.
En el recurso, el Procurador expresa que el Juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada en su decisión,violenta el principio de división de poderes y de esta forma usurpa funciones de otros órganos y poderes del Estado. Además, que en la referida resolución violenta el principio de legalidad procesal y hace una errada interpretación del principio Nom bis in idem, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros.
“Con dicho recurso se busca que el Tribunal Constitucional proceda anular dicha resolución, ya que la misma atenta contra las garantías constitucionales de la sociedad”, expresan las autoridades del Ministerio Público.
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