La elección de nuevos miembros, aplaudida como un logro institucional por la independencia y no partidismo de sus integrantes, creó expectativas muy alentadoras sobre lo que se prometía como un cambio para rescatar la credibilidad de esa institución.
SANTO DOMINGO.- La experiencia ha demostrado que aunque haya leyes que sustenten el accionar de los organismos oficiales de fiscalización, la efectividad de sus actos dependerá siempre de la integridad y del sentido de responsabilidad con que actúen sus miembros.
Desde hace décadas y más recientemente, hemos visto cómo el sentido de rendición de cuentas y de trabajo sin conveniencias personales que se espera de funcionarios públicos se ha visto empañado por la inacción y decisiones cuestionables.
En materia de fiscalización, el foco de atención siempre ha estado centrado en las ejecutorias de Cámara de Cuentas.
La elección de nuevos miembros, aplaudida como un logro institucional por la independencia y no partidismo de sus integrantes, creó expectativas muy alentadoras sobre lo que se prometía como un cambio para rescatar la credibilidad de esa institución.
Sin embargo, un sentimiento de desaliento ha comenzado a surgir por el retraso que existe actualmente en la publicación de un conjunto de auditorías, unas 200, que estarían ya completadas tras cumplir todos sus procesos y que por razones no conocidas, ni explicadas, sus detalles permanecen a lo interno de ese organismo como un secreto de Estado, según datos que hemos obtenido de primera mano.
Entre este grupo, habría unas 50 de las llamadas “maquilladas” de la gestión anterior, que ya fueron revisadas y rectificadas.
Me pregunto yo, ¿por qué no las dan a conocer, si según me cuentan, son auditorías que están listas desde junio?
¿Cuál es el misterio?
No quiero pensar que estamos nuevamente antes pugnas a lo interno de este pleno, pero les confieso que los informes que llegan a mis oídos no son nada halagueños.
La opinión pública y la ciudadanía en general tienen derecho a conocer esas auditorías y sus resultados y deben ser publicadas sin selectividad o exclusiones como exige el creciente reclamo de transparencia y lucha contra la corrupción.
Los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas tienen, pues, la palabra en este caso y de su actuación dependerá que de forma definitiva se despeje la imagen de que en la práctica sigue siendo una cámara de cuentos que no cumple con sus funciones.
