La apertura del juicio de fondo del caso Odebrecht, ahora en una jurisdicción ordinaria para todos los inculpados, ha abierto de nuevo grandes expectativas con una pregunta de denominador común: ¿en realidad se hará justicia por este mayúsculo escándalo de sobornos multimillonarios?
Hacer justicia no es solo cumplir con un formulismo legal, agotando plazos, procedimientos y siguiendo un ordenamiento jurídico en que se garantice el debido proceso conforme a la Constitución y las leyes.
Es mucho más que eso, sobre todo en este caso de una gravedad extrema en que hubo toda una conspiración contra el Estado y el fisco por 92 millones de dólares para obtener la adjudicación de obras públicas que eran sobrevaluadas para pagar sobornos.
Se requiere, pues, además de apego estricto a la parte procesal, una firme voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias para que todos paguen y nadie pueda cubrirse con el manto de la impunidad.
Este deseo ha sido alentado por el nuevo gobierno, alentando al Ministerio Público y la Procuraduría General a actuar con total independencia.
Fuera de las estimulantes declaraciones de intenciones, lo importante es que lo proclamado se cumpla.
¿Qué pasará finalmente con los excluidos con carácter definitivo del expediente original y ahora sometidos a una revisión que el Pepca se ha comprometido realizar?
¿Qué se hará con los codinomes revelados y cuyos rostros detrás de esos nombres en clave, aún desconocemos?
La proclama de cambio, transparencia y lucha contra la corrupción no puede quedarse en una simple retórica para producir impacto mediático.