Cualquier gestión reivindicativa, por más justa y atendible que sea, no puede ser ejecutada en contra del interés general y en detrimento de un valor superior que debe contar con el apoyo de todos los sectores sensatos de la nación.
Esta advertencia, en función en la experiencia de vida y, principalmente en una visión de la actividad humana basada en principios, la hacemos a propósito del impasse entre profesores y el ministerio de Educación que negocian un aumento salarial.
En efecto, resulta sumamente preocupante que haya vuelto a fracasar este crucial diálogo, aunque todavía hay la posibilidad de una salida, en vista de que comité ejecutivo nacional de la ADP se reunirá para analizar las acciones a seguir en pro de un incremento salarial base de 11,700 pesos.
En el caso de los maestros, no hay duda que sus reclamos son justos y que, en consecuencia, deberían ser atendidos, pero claro dentro de la factibilidad presupuestaria y en niveles razonables.
Tan contraproducente es la exigencia radical de que el aumento se haga totalmente contando con los fondos del 4 por ciento de la Educación, como el argumento oficial de que esos recursos excluyen a los profesores del esquema previsto para el mejoramiento general del sistema educativo.
Si bien los maestros no fueron expresamente señalados durante las campañas en pro del 4 por ciento, es innegable que en una visión global del estado de la Educación no se puede excluir a los educadores.
Sin embargo, admitida esta justificación, es oportuno recordar el sólido fundamento de lo expuesto por el Educa y el empresariado, en el sentido de que el alza salarial a los maestros tiene que hacerse forma discriminada.
Esto significa que como las capacidades de desempeño y también de dedicación de los profesores son diferentes en cada caso, la retribución que entraña un ajuste de sueldos debía hacerse de acuerdo a la condición cada educador en particular.
El tranque en las negociaciones se ha debido a que la ADP plantea un incremento de 14 mil pesos en el salario base, mientras las autoridades reitera su posición de un 20%, lo que llevaría el salario base a 11,200 pesos.
Hasta ahora, el Ministerio de Educación se mantiene invariable en su planteamiento de que ningún maestro ganará menos de 15 mil pesos por una tanda de trabajo, lo que beneficiaría 7,000 maestros, que verán incrementado su salario en más de la mitad.
En medio de este diferendo se impone, pues, una pronta solución armoniosa que evite un paro y la posibilidad de que se afecte el normal desarrollo del año escolar, un aspecto vital que debe merecer atención primordial, tanto de Educación como de la ADP, por encima de cualquier postura o intransigencia.
