Por la equidad

La igualdad ante la ley, sin posibilidad de privilegios o tratos de excepción –que resultan siempre injustos e irritantes– son dos fundamentos esenciales de nuestro sistema jurídico y del ordenamiento constitucional.

Otro postulado esencial, para evitar falta de equidad y prevenir aberrantes distorsiones, es que no se debe legislar en favor de grupos particulares, sino siempre con una clara visión hacia la colectividad.

A la luz de estos dos principios capitales es que se debería hacer una exhaustiva revisión a la Ley 28-01, que es el centro de una seria controversia entre sectores productivos e industriales.

Hay dos posiciones contrapuestas que son defendidas con encendida fiereza por las partes, ya que mientras los favorecidos por los incentivos en provincias de la Frontera sostienen que es justa, industriales de otras zonas afirman que debe ser objeto de cambios para eliminar competencia desleal.

Por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Industrias  de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti, opina que dentro de un mercado tan pequeño como el nuestro, no se justifica tener ese tipo de leyes de incentivo a la comercialización de productos.

Esta controvertida legislación, defendida a rajatabla como una bendición para los pueblos fronterizos, otorga a las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zonas francas, turísticas, metalúrgicas y energéticas, una exención de un 100 por ciento del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto durante un período de 20 años.

Los industriales afirman que la desigualdad no está solo en la distribución, sino que también se traslada a la publicidad, mientras algunos legisladores argumentan que la ley que está ahí no es para los fronterizos, sino para todo el país.

Se trata, no haya duda, de un conflicto de difícil solución porque las partes encontradas están firmemente aferradas a sus posiciones, pero al Congreso tocará en su momento la responsabilidad de enfocar la cuestión tomando como base la igualdad y el interés general.