Por la transparencia

La experiencia en el trabajo de investigación periodística realizado con rigor y seriedad, demuestra que se requiere una buena dosis de persistencia y vencer dificultades que en ocasiones pueden resultar tan grandes como los casos que se tratan de ocultar para evadir transparencia y la rendición de cuentas.

Cuando se manejan fondos públicos, los encargados de administrarlos en dependencias oficiales contraen la obligación de hacer un buen uso de ellos, cumpliendo con las normativas y los mecanismos de supervisión que establecen las leyes.

Las irregularidades que han quedado al descubierto en contratos suscritos para la adjudicación de trabajos y servicios para el Metro a través de la OPRET, son un claro ejemplo de cómo normas básicas de regulación  fueron violadas de forma sistemática para favorecer a personas vinculadas, en lugar de seguir un mecanismo abierto y equitativo en los procesos de licitación.

Ante esta penosa realidad y los justificados temores de que en otras dependencias del Estado se hayan podido violentar procedimientos con características similares, ¿no debería la Procuraduría general de la República y la Cámara de Cuentas hacer sus propias indagatorias con amplitud para despejar dudas, establecer correctivos y que haya un verdadero sistema de consecuencias, o sea, que todo no se quede en anuncios, promesas o declaraciones de efectos mediáticos.

Pero mientras ambos organismos se animan a actuar con decisión firme en esa dirección, los medios de comunicación pueden jugar su papel en representación del interés público, usando la ley de libre acceso a la información.

Cada medio tiene su propia política informativa y la aplica en este y otros temas conforme a particulares criterios, por lo que quizás sería mucho pedir la formación de un pool de investigación conjunta. Pero no estaría demás estudiar y eventualmente aprovechar las experiencias que en ese sentido hemos visto a nivel mundial con la divulgación de los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso.  Nada anómalo, oscuro o dañino debe quedar oculto y sin sanción, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos públicos.