Crear un poder constituyente, ya sea para fundar una nación o para reformular o reformar sus bases constitucionales, es un derecho que le asiste al soberano, al pueblo soberano… cuando esto se torna necesario para superar una crisis, una situación insoportable o un sistema institucional y/o constitucional que afecta gravemente su existencia y sus condiciones de vida.
El poder se refiere a la fuerza y voluntad del pueblo y lo constituyente se relaciona con un proceso llamado a cambiar la Constitución de la República que actualmente sirve de base al régimen político y a la institucionalidad que el pueblo repudia por sus resultados comprobadamente contrarios y ajenos a sus intereses y aspiraciones.
Aquí se trata de un conjunto de instituciones que conforman un sistema de corrupción e impunidad, una dictadura constitucional corrompida y corruptora que protege un latrocinio, un lodazal de males, que a su vez contribuye en gran escala a generar procesos de empobrecimientos material y espiritual que provocan enormes calamidades y aberraciones sociales en el campo de la alimentación, salud, seguridad social, educación, ingresos salariales y pensiones, seguridad ciudadana, viviendas, sanidad ambiental, preservación del territorio (suelo, subsuelo y sobre-suelo), integridad del patrimonio público y natural de la nación, derechos de género, situación de la juventud y la niñez, rol de los cuerpos armados…
En el caso dominicano un proceso constituyente para producir una nueva constitución o para reformar sustancialmente la Constitución vigente necesita obligatoriamente desembocar en una ASAMBLEA CONSTITUTENTE SOBERANA por elección y con participación popular.
Esto así porque el derecho a la revisión o el reemplazo de la Constitución neoliberal y autoritaria del 2010 está constitucionalmente secuestrado por la actual Asamblea Nacional Legislativa, un cuerpo altamente corrompido; integrante, por demás, de la institucionalidad putrefacta que necesitamos remplazar.
PERTINENCIA DEL PODER CONSTITUYENTE.
El movimiento Marcha Verde, que no cesa de crecer demandando el fin de la impunidad que protege ese deterioro y a sus principales responsables y beneficiarios, ha colocado a flor de piel de la Nación Dominicana la necesidad de debatir la pertinencia de un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE electa democráticamente; no sujeta a estas instituciones pervertidas, destinada a elaborar una nueva Constitución que sustituya y refunde las instituciones actuales (Poder Ejecutivo, Congreso, Consejo de la Magistratura, Sistema Judicial, Sistema Electoral , “Altas Cortes”, Cámara de Cuentas….) y redefina el modelos económico, social y político del país.
Las instituciones vigentes, incluido el gobierno actual y el sistema de partidos tradicionales, no sirven para cambiar lo que está mal. Más bien fueron hechas para generar todos los males que agobian a la inmensa mayoría de nuestra sociedad y para sustentar y proteger las mafias políticas, militares y empresariales enriquecidas; con fortunas acumuladas no solo por la vía de la explotación y sobre-explotación del gran capital privado, sino también del robo y el saqueo ilegal del presupuesto nacional, del asalto al patrimonio de la Nación y el ejercicio de todas la modalidades de delitos de estado y privados, incluida la narco-corrupción.
Si algo ha logrado el movimiento marcha verde es demostrar que las instituciones establecidas, los altos funcionarios electos y nombrados y el gobiernos de turno, no sirven para ponerle fin a la impunidad porque forman parte de un sistema de corrupción encabezado por el propio Presidente de la Republica, que usa el poder para impedir el castigo que se demanda.
Y esto obliga a reflexionar la manera de superar este “tranque” provocado por un orden político-jurídico e institucional, que más allá de los espacios de libertad conquistados en las últimas décadas, niega democracia real e impone mecanismos electorales controlados por el engendro político-económico que domina al Estado; disponiendo a la vez de infinitos recursos sucios y ventajas escandalosas para hacer trampas y adulterar resultados dentro de una competencia clientelista-mercantilizada.
Esto nos obliga a pensar que estamos frente a un desafío muy superior y mucho más difícil de enfrentar del que no pocos/as previeron, porque si bien el proceso constituyente necesario puede y debe ser asumido desde ahora junto a los esfuerzos para crear, desde la democracia de calle, poder de calle y poder constituyente opuesto al poder constituido, es realmente impensable realizar una Asamblea Constituyente Soberana y Participativa en el contexto de esta institucionalidad y de este gobierno. Para lograr esa meta la ruptura democrática de este orden –más bien desorden- institucional es imprescindible.
Y hablo de ruptura democrática porque se trata de desarrollar la democracia de calle, las movilizaciones y paralizaciones multitudinarias a manera de plebiscito –como aconteció hace unos años en Bolivia y Ecuador- para obligar a este gobierno a dimitir y abrirle paso a una transición, incluido un gobierno provisional de corta duración que convoque la Asamblea Constituyente capaz de definir el nuevo acuerdo social, reconstituir las instituciones (incluido el poder electoral) y convocar a elecciones de acuerdo a lo pautado en la nueva Constitución.
Esto necesariamente pasa por un despliegue de la crisis de gobernabilidad que está provocando el empecinamiento en perpetuar el sistema de corrupción e impunidad, la crisis integral en desarrollo y la dictadura institucionalizada por la partidocracia corrupta y las cúpulas empresariales asociadas a ella.