Redacción Internacional.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo haber abierto una investigación sobre la situación en Ucrania por denuncias de «crímenes de guerra» y «de lesa humanidad» cometidos por Rusia.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la ONU, convocó audiencias el 7 y 8 de marzo acerca de denuncias presentadas por Ucrania, sobre acciones de las tropas rusas que invadieron el país.
He aquí cinco interrogantes sobre la situación jurídica tras la invasión.
¿Rusia infringió el derecho internacional?
Rusia violó el artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el recurso a la fuerza a nivel internacional, declara Geoff Gordon, investigador principal en el Instituto Asser de derecho internacional y europeo, con sede en La Haya.
«El uso la fuerza militar rusa no es desconocida» en Ucrania, añadió Philippe Sands, profesor de derecho internacional, quien trabaja en el Reino Unido.
Pero «hoy (…) existen reglas para protegernos de tales actos, reflejadas en la Carta de la ONU, lo más parecido que tenemos a una Constitución internacional», advierte Sands en un artículo en el Financial Times.
«Son los compromisos más importantes de la Carta lo que (Vladimir) Putin ha menospreciado», afirma.
¿Qué tribunales pueden juzgar los asuntos vinculados a Ucrania?
Ucrania se presentó ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), que realizará audiencias el 7 y 8 de marzo para determinar sus competencias jurídicas en este caso, asegura Gordon.
Además, los tribunales nacionales también pueden juzgar casos vinculados a violaciones al derecho internacional, agrega.
Rusia también podría tener que comparecer ante el Tribunal europeo de derechos humanos, al ser acusada por Kiev de violaciones en ese área.
Ucrania no es signataria del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, no obstante, en 2014 reconoció formalmente la jurisdicción de ésta con respecto a los crímenes cometidos en su territorio.
Rusia, por su parte, se ha retirado de la CPI, por lo cual ésta no puede procesar a ciudadanos rusos en suelo ruso, sino solamente si éstos son detenidos en territorio de un Estado que sí reconoce su jurisdicción.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó el martes que sostendrá audiencias el 7 y el 8 de marzo en un caso que le fue presentado por Ucrania, que acusa a Rusia de planear un genocidio.
La juez presidenta de la Corte, Joan Donoghue, llamó la atención de Rusia «sobre la necesidad de actuar de manera que toda decisión de la Corte pueda tener los efectos deseados», precisó la CIJ, principal órgano judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya.
¿Los individuos pueden ser declarados responsables?
Sí. La CPI enjuicia a los acusados de las peores atrocidades cometidas en el orbe, lo que incluye al genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los individuos también pueden ser procesados por tribunales nacionales.
Sin embargo, incluso la CPI no puede juzgar el crimen de agresión –el ataque de un Estado contra otro planificado por un dirigente político o militar–, si ese país no ratificó el Estatuto de Roma, el cual es el caso de Rusia y Ucrania.
No obstante, Sands sugirió crear un tribunal penal internacional (‘ad hoc’) consagrado a la agresión rusa contra Ucrania.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo a Cecily Rose, profesora asistente de derecho internacional público en la universidad de Leiden (Holanda), las audiencias y la decisión de la CIJ podrían producirse pronto en en virtud de la «urgencia».
En cuanto a la CPI, podría emitir actas de acusación si los magistrados determinan que tiene jurisdicción y pruebas suficientes, o si un Estado miembro presenta el caso directamente ante ese tribunal.
¿Qué efectos tendrá?
Difícil de predecir, de acuerdo a los expertos.
La CIJ, cuyas sentencias tienen carácter definitivo e inapelable, «no cuenta con un mecanismo de aplicación clásico» para hacerlas cumplir, señala Gordon.
Por su parte, la CPI no tiene una fuerza policial propia y depende de los Estados miembros para proceder a arrestos de personas.
«Por otro lado, asistimos a la movilización de una serie de mecanismos más o menos coordinados, cuyo objetivo es castigar a Rusia por librar una guerra ilegal», como las sanciones económicas, restricciones a viajes y cancelación de eventos deportivos, indica Gordon.
«Una sentencia de la CIJ podría jugar un rol en tales acciones en el futuro», estima.
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