LIMA.- El Poder Judicial de Perú resolvió este martes postergar la fase previa al juicio oral contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien afronta una acusación fiscal de más de 30 años de cárcel por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
En la audiencia celebrada este martes el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, reprogramó para el 29 de setiembre el inicio de la denominada «etapa intermedia», un proceso que puede demorar años y que le permitirá revisar la acusación fiscal y decidir si abre juicio oral por este caso.
La decisión del magistrado llegó luego de que las defensas de Fujimori y otros imputados por el mismo proceso solicitaran postergar esta fase previa al juicio oral hasta que se resuelva si 14 personas que se sometieron a colaboración eficaz durante la investigación serán incluidas o no en la acusación por el caso.
Por ahora, las acusaciones formales se extienden al marido de Fujimori, Mark Vito, y a una cuarentena de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido Fuerza Popular, que lidera la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Acusación a 14 colaboradores
En la audiencia de este martes, la fiscal adjunta Paulina Roque pidió al juez Zúñiga notificar la acusación a 14 colaboradores eficaces de este caso, cuyo pronunciamiento había decidido reservarse porque «aún no ha concluido su proceso de colaboración».
Ante esto, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, pidió que no se iniciara el control de acusación hasta tener definida la situación de estos colaboradores, cuyas afirmaciones son relevantes para el proceso.
Las defensas de los otros imputados también se aunaron a esta solicitud y Zúñiga acabó concediendo un plazo máximo de 10 días al Ministerio Público para que decida si incluye o no a estos 14 colaboradores en su acusación.
Acusación fiscal
Tras más de cuatro años de pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez pidió en marzo pasado la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De acuerdo con la investigación, la excandidata presidencial habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora brasileña Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales.
Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020.
En abril de 2020 fue liberada bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer covid-19 que implicaba su estancia en prisión.
Mientras estuvo en prisión, fue incrementándose el goteo de empresarios y antiguos colaboradores que han confesado las maniobras ilícitas que se habrían cometido para ocultar el origen de las donaciones al partido.
Todo indica que el juicio oral en su contra es inevitable, y más ahora que perdió por tercera vez consecutiva unas elecciones presidenciales, pues de haber alcanzado la Presidencia de Perú habría obtenido la inmunidad judicial en calidad de Jefa del Estado.
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