SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Autoproclamados como las voces que pretenden representar la conciencia nacional, hay algunos que mantienen una postura radical al no reconocer mérito o validez a ninguna de las fórmulas legales diseñadas para la regulación en el país del controvertido tema migratorio.
Dada la influencia política y de poder que tienen con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, esa postura no contribuye en nada a los esfuerzos emprendidos para librar al país del cuestionamiento de la comunidad internacional.
La ley de naturalización y el reglamento preparado para su aplicación pueden ser susceptibles de mejoras, pero no deben ser satanizados, afirmándose que ese mecanismo es peligroso e insostenible.
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Hay que reconocer que a pesar de ese predicamento, el presidente Medina tuvo la valentía de impulsar la ley de naturalización con independencia de criterio y pensando en la imagen del país ante el mundo.
A diferencia del presidente, algunos se aferran a un concepto caduco de la soberanía nacional, según el cual nuestra nación puede permanecer de espaldas a otros países amigos y no cumplir con protocolos humanitarios y de derechos humanos.
Imbuidos de esa tesis es que se oponen a la regularización del estatus migratorio de miles de descendientes de haitianos, aun la de aquellos que nacieron y crecieron en nuestro territorio, y que estarían condenados como seres sin patria.
Como ciudadanos que se desenvuelven en una nación libre y democrática, tienen derecho a la libre expresión, pero la postura no cabe ya en esta época actual por ser excluyente, injusta e insolidaria.
El presidente Medina tiene el reto de seguir adelante con la valentía que le censuran algunos o dejarse doblegar por dicha visión.